La propuesta había sido presentada ya en el año 2022 por el liberal Fernando Silva Facetti y el colorado Javier Zacarías Irún, luego de que haya salido a luz que numerosos pedidos de informes jamás fueron respondidos.
Nuevamente este año se tuvo información de que hay pedidos que no tienen respuesta de las instituciones que datan ya desde el 2021.
En la argumentación se fundamentaba que se volvió una práctica normal el incumplimiento de los pedidos de informes, y a criterio de los proyectistas sería porque no se aplica ninguna sanción.
“Los pedidos de informes, por los cuales se requieren de los demás poderes del Estado, entes autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos se realizan dentro del marco de nuestra labor legislativa”, se refiere en la argumentación.
“Al no ser contestados, o lo hacen en forma insuficiente, demuestra, como mínimo, un desinterés hacia nuestra función parlamentaria, dificultando los trabajos en el seno de las comisiones”, se alega.
“La atribución de las Cámaras del Congreso de realizar pedidos de informes es de rango constitucional mediante la cual se ejerce efectivamente el recíproco control, por lo que no se puede desconocer esta potestad de requerir por medio de este instrumento legislativo informes a las instituciones públicas”, sostienen los proyectistas.
El proyecto establece como castigo pena privativa de libertad de seis meses o dos años de multa. Se indica que, en el caso que el autor cometiere el hecho, mediando reiteración del pedido o fuere un funcionario público se aumenta hasta cinco años.
Además se estipula que quedará inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de cinco años. Se llega hasta 10 años de pena privativa, y en este caso no se da la opción de la multa.