La Corte Suprema de Justicia lo volvió a hacer.
Al igual que las medidas cautelares que otorga cada año a decenas de instituciones públicas para suspender varios artículos de la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) que, principalmente, limitan las contrataciones, nombramientos y determinados desembolsos de rubros superfluos, esta vez actuó desvergonzadamente de juez y parte y dio nuevamente luz verde al derroche del dinero de todos los ciudadanos.
Según dieron a conocer los medios de comunicación días pasados, la Sala Constitucional de la Corte suspendió para sí misma los efectos de la Ley de Racionalización del Gasto Público, específicamente en el artículo que prohíbe la contratación de parientes y de asesores. El fallo fue dictado por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Alberto Martínez Simón, quienes dieron trámite a la acción y a la vez, suspendieron los efectos de la norma y del decreto reglamentario (ultimahora.com/c2952280).
Por si esto fuera poco, la máxima instancia judicial también suspendió los efectos de la citada Ley de Presupuesto, en los capítulos donde se limitan los pagos del subsidio familiar (gratificaciones), retiro voluntario, provisión de almuerzo y compra de combustible, entre otros.
Al parecer, el Poder Judicial se olvidó del pacto hecho hace nada menos que dos años. El 22 de julio del 2019, meses antes de la pandemia, los tres poderes del Estado se reunían en el Palacio de López para acordar acciones en busca de reducir, y sobre todo controlar, el gasto público. En esta inédita cumbre, donde participó el entonces titular de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, se habló incluso específicamente sobre las sentencias que ordenan al Tesoro Público a liberar recursos que no tiene y que lo obligan a disminuir inversiones y programas sociales.
El Presupuesto Público tiene en la actualidad una rigidez que llega al 90%, en promedio, sobre los ingresos tributarios. Esto quiere decir que de cada G. 100 que cobra Tributación por impuestos a la gente, 90 se destinan a gastos de los que no puede maniobrar el Estado, es decir, salarios, bonificaciones, pago de deuda, jubilaciones, entre otros. Solo le quedan G. 10 de cada G. 100 para tratar de disminuir la enorme brecha en infraestructura, para financiar los planes sociales en busca de disminuir la pobreza o para otros gastos como el subsidio al pasaje.
Esta situación se evidenció en esta pandemia. El Estado paraguayo tuvo que tomar una enorme cantidad de deuda para financiar la crisis sanitaria, social y económica. El pasivo paraguayo pasó de USD 8.859,1 millones a los USD 12.994,3 millones entre diciembre del 2019 y mayo del 2021.
En medio de esta histórica crisis y un modelo económico que evidentemente no está permeando hacia la micro, miles y miles de paraguayos están haciendo hasta lo imposible por sobrevivir, pagando los impuestos correspondientes para seguir operando en la formalidad. La palabra “reinventarse” se puso tan de moda que ya convirtió en un cliché, pero esta realidad parece que no vive la Justicia, que sigue perforando todo intento por contener los derroches con el dinero público.
Esta decisión también genera incertidumbre para el futuro cercano. Es que, el hartazgo ciudadano ha impulsado al Poder Ejecutivo a diseñar un plan de reforma del gasto. Está en espera en el Congreso la ley que reforma el sistema de compras públicas, mientras se están terminando otros proyectos como el del servicio civil (nueva ley de la función pública), reforma del sistema jubilatorio y reestructuración de las instituciones.
Sin embargo, de nada sirve que el Congreso apruebe leyes y el Ejecutivo las promulgue, si en el tercer poder del Estado se terminan perforando las mismas. Urge que los tres poderes del Estado se sienten nuevamente en una mesa única y acuerden un verdadero pacto social para contener el gasto público, pero ya no un pacto embustero como aquel del 2019.
