La decisión judicial desoye las protestas del gobierno de Venezuela, que reclamaba la devolución de la aeronave, y dispone su entrega a las autoridades estadounidenses.
La medida fue adoptada por el juez federal Federico Villena en respuesta a la solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó que la empresa iraní Mahan Air violó las sanciones estadounidenses al vender el avión a la firma venezolana Emtrasur en 2021. Este caso ha generado tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Venezuela y Argentina, especialmente después de la elección del presidente argentino Javier Milei, quien es ideológicamente opuesto a la corriente de izquierda representada por el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Otro argumento expuesto por la justicia estadounidense es una Orden de Denegación Temporal (TDO) emitida por el Departamento de Comercio de ese país por la que se denegaban los privilegios de exportación de Mahan Air. “La TDO prohibía ampliamente a Mahan Air y/o a otras personas o empresas que actuaran para o en nombre de Mahan Air, directa o indirectamente, participar en cualquier transacción de exportación o comprar o vender cualquier artículo exportado o que fuera a ser exportado desde Estados Unidos y que estuviera sujeto a las EAR, como las aeronaves fabricadas en Estados Unidos”, detalla el pedido de comiso.
La semana pasada, la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, avaló el decomiso del avión iraní-venezolano, lo que le permitiría su traslado definitivo a Estados Unidos. “Resulta importante subrayar que nos encontramos frente a un proceso de cooperación internacional, en el que no caben planteos respecto del fondo de la cuestión, los cuales deben formularse ante la autoridad judicial competente en el país requirente”, resaltó.
Cabe recordar que la tripulación había pedido autorización para permanecer 8 horas en suelo paraguayo, para cargar 7.086 cajas de cigarrillos en la aeronave y trasladarlas a Aruba.
En ese sentido, tres empresas participaron del operativo: Dos de ellas, integraban el grupo empresarial del ex presidente Horacio Cartes. Se trata de Tabesa, que vendió la carga y la otra es la compradora, con sede en EEUU, Tabaco USA.
Luego de ese vuelo, la agencia de Inteligencia de Paraguay emitió un alerta a sus pares de la región, pero también a Estados Unidos e Israel.
El caso despertó una alerta en toda la región, debido a que se descubrió que algunos de sus tripulantes son considerados por Estados Unidos como terroristas. La Fiscalía paraguaya también abrió una causa penal que fue caratulada como “Investigación fiscal sobre violación a la ley número 4024/2021 y sus modificaciones”.
