Presentado este viernes en Madrid, se trata de una investigación del Movimiento contra la Intolerancia y del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación de España (Covidod), así como de la Plataforma de Ayuda a Venezuela.
El objetivo es denunciar “una serie de hechos criminales” atribuidos a las autoridades venezolanas, dijo en rueda de prensa el presidente de Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Covidod, el español Esteban Ibarra.
Según esta investigación, al menos 35 personas murieron víctimas de crímenes de odio y 850 fueron detenidas por disturbios y protestas contra el Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, al que se acusa también de difundir mensajes y discursos de odio.
“Durante un mitin electoral, el candidato Nicolás Maduro amenazó con un ‘baño de sangre’ y ‘guerra civil’ si ganaba la oposición” los comicios, según recoge el documento.
El resultado oficial de las elecciones dio la victoria al actual presidente Maduro para otro mandato de seis años, pero el antichavismo denunció un “fraude masivo” y aseguró que el ganador claro había sido el candidato opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre pasado.
Tanto el oficialismo como la oposición han convocado a sus simpatizantes a manifestarse el día de la toma de posesión presidencial, el 10 de enero. Y tanto Maduro como González Urrutia anunciaron que se presentarán a la misma.
La Policía de Venezuela ofreció este jueves una recompensa de 100.000 dólares para cualquier persona que conozca el paradero de González Urrutia, acusado en Venezuela de delitos como “complicidad en el uso de actos violentos contra la República, usurpación de funciones” y “forjamiento de documentos”.
Por ahora, el líder opositor emprenderá en Buenos Aires una gira por países de América, que comienza este sábado reuniéndose con el presidente de Argentina, Javier Milei.
El representante de Alianza Ciudadana por la Libertad en Venezuela, el periodista Miguel Henrique Otero, reprochó ayer que, aunque en Venezuela existe legislación contra los delitos de odio, actualmente se usa para “criminalizar a la disidencia”.
Sin embargo, consideró que, en un futuro, se podría emplear como un “instrumento legal” para luchar contra estos delitos y castigar a aquellos que “perpetraron violaciones de derechos humanos en Venezuela”.
Ibarra incidió también en este punto y cree que las víctimas de delitos de odio deben tener “derecho a reparación” cuando “lleguen las libertades democráticas” al país.
