Los procesados habían participado de la Caravana Contra la Corrupción, que terminó en una manifestación frente al Panteón de los Héroes, y la Fiscalía los identificó e imputó por aglomeración de personas.
El hecho ocurrió el 3 de junio de este año y casi cuatro meses después la Fiscalía presentó la acusación.
Esta había sido una imputación muy cuestionada, ya que alegaban que a los que lucraron con la pandemia no los procesan. Los escrachadores habían señalado que se trata de “una persecución política contra los que osan levantar la voz”.
Según Grassi, empresario gastronómico, los cuatro se exponen a cinco años de cárcel y multa, ya que fueron procesados por la Ley 716 que sanciona delitos contra el medioambiente.
“La Fiscalía hace tiempo dejó de representar y defender a la ciudadanía. Es torpe y lenta para perseguir a los verdaderos delincuentes, pero es rápida para imputar y pedir juicio oral contra ciudadanos que salimos a protestar contra la corrupción. Nos vemos en los tribunales”, desafió.
También Esther Roa se pronunció al respecto, alegando que la Fiscalía se ensaña con ellos debido a que en diversas ocasiones les tocaron “el callo a los corruptos”.
Siendo parte del grupo Ciudadanos Autoconvocados (CACE) habían realizado masivas manifestaciones.