Política

Un ex intendente de Fuerte Olimpo obtuvo sobreseimiento

 

En el Departamento del Alto Paraguay, entre los cuatro distritos que lo componen, un solo ex intendente abandonó el cargo con sobreseimiento en un caso en que se lo investigó.

Se trata del ex intendente Sergio Cuéllar Irala (de la ANR), quien fue beneficiado con el sobreseimiento provisorio por supuestos hechos de lesión de confianza.

El juez de Primera Instancia que resolvió el cuestionado caso es Pablo Benicio Monges, de Bahía Negra, en julio de 2020.

La denuncia por supuesta malversación de fondos por el mal uso del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) fue realizada por varios concejales opositores en el periodo de gobierno anterior a través de la Contraloría General de la República (CGR) que realizó auditorías en la administración comunal.

El saliente político que ocupó en dos periodos consecutivos el cargo de intendente de Fuerte Olimpo, durante el ejercicio de sus funciones, soportó la denuncia de supuesta lesión de confianza y llegó a obtener el sobreseimiento, culminando así el periodo en el 2021 con el beneficio otorgado por el magistrado de Bahía Negra, instancia donde fue llevada la causa y no precisamente en el Fuerte Olimpo, la ciudad donde se habría cometido la lesión de confianza.

En su momento el municipio a su cargo fue allanado por la fiscala Victoria Acuña en busca de pruebas por la sospecha de malversación de fondos públicos a raíz de denuncias de concejales municipales por obras inconclusas e inexistentes que afectaron a la parte educativa del rubro Fonacide del ejercicio fiscal 2016.

En un examen especial, la Contraloría General de la República había detectado un presunto daño patrimonial de G. 416.594.529 destinado en concepto de bienes y servicios así como órdenes de pago por obras no realizadas en las que estuvieron igualmente involucradas empresas, en la que los mimos funcionarios resultaron los fiscalizadores.

El sobreseimiento provisional también alcanzó al administrador Julio César Vera Dejesús, a los funcionarios Miguel Santos Barros y Virgilio Ocampos Fernández.


416.594.529
de guaraníes es el monto del supuesto daño patrimonial detectado por la Contraloría Gral. de la República.

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