La semana pasada el padre Aldo Trento compartía un par de historias demasiado tristes y conmovedoras en el semanario El Observador Semanal, sobre dos víctimas de una alarmante deshumanización que debería aterrarnos.
La primera es la de una niña con discapacidad —traída hasta Asunción por su padre, el capataz de una estancia en San Pedro— en severo estado de desnutrición: con 7 años de edad, pesaba 9 kilos y medio y tenía la espalda cubierta de escaras que permitían ver sus huesos. La nena fue acogida en la clínica Divina Providencia de la Fundación San Rafael, de la parroquia del mismo nombre. Cuando leímos sobre ella no podíamos entender cómo se llegó a semejante estado, sin que llamara la atención a los dueños del establecimiento ganadero.
La segunda historia tiene que ver con una adolescente de 15 años, discapacitada también, que fue violada. La chiquilla está embarazada de 5 meses y fue traída desde Canindeyú por la Secretaría de la Niñez. Ella también fue acogida en una de las casas que mantiene la Fundación San Rafael, con ayuda de numerosas personas y con fondos del Estado.
La Fundación San Rafael, que además estimula el voluntariado, es una de las que quedará sin la mitad de los fondos públicos en el 2014, por decisión del Congreso Nacional, que ha adoptado la injusta actitud de introducir en una misma bolsa a las organizaciones no gubernamentales para determinar que estas deben dejar de ser subsidiadas por el Estado.
Qué tremenda ironía, si tomamos en cuenta que muchas de esas instituciones están cumpliendo obligaciones y desarrollando papeles que corresponden al Estado.
Tal el caso de la Fundación San Rafael que tiene dos hogares de niños, una casa para adolescentes embarazadas, dos hogares de ancianos, una clínica para enfermos terminales, policonsultorios que ofrecen atención gratuita, una granja para enfermos de sida en proceso de recuperación, una escuela y un colegio politécnico. En total están alimentando, curando, acogiendo y salvando a unas 500 personas, según Trento.
Como esta organización no gubernamental existen otras como el Denide, Kuña Aty y Casa Cuna que desempeñan una encomiable labor a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad, como las personas con discapacidad, las mujeres y los niños, con programas exitosos y emulables.
Si en el Congreso consideran que a estas organizaciones no merecen que se les siga proveyendo de fondos públicos, debe ser porque tienen en la mira otras opciones para atender a las poblaciones que estas ayudan o porque, en realidad, los legisladores definitivamente están tan alejados de la dura realidad del país, que ya ni saben separar la paja del trigo.