El presidente Abdo está obligado a tomar una decisión política con respecto a uno de los mayores curros políticos de las últimas dos décadas: los famosos fondos sociales y medioambientales de Itaipú y Yacyretá.
Con los votos inesperados de cuatro diputados cartistas, se desgarró la cicatriz protectora republicana y el Congreso sancionó la ley que obliga a destinar hasta el último dólar obtenido bajo ese concepto a cubrir los gastos médicos de los enfermos graves por Covid. Al cierre de este comentario todavía no se había decidido a promulgar o vetar la ley.
Mientras tanto, intentemos explicar que son estos fondos, de dónde aparecieron y cuál ha sido su función en el relacionamiento obsecuente y servil de nuestros gobiernos con respecto a nuestros socios “paritarios” en las hidroeléctricas.
La génesis la encontramos en Itaipú. En teoría, la hidroeléctrica tiene como única función generar energía eléctrica a partir de la fuerza hidráulica del Paraná, entregándola a sus copropietarios al precio de costo. Itaipú no tiene fines de lucro. En el costo de su energía debe incluir sus gastos operativos, el servicio del pago de su deuda y la compensación por el uso de las aguas (royalties).
Itaipú estima cada año cuánta energía habrá de generar y cuánto le costará hacerlo, estableciendo de esa manera su tarifa. Ocurre, sin embargo, que la hidroeléctrica genera, a menudo, más energía de la que estaba prevista; un excedente que vende a sus mismos propietarios a un precio diferenciado. Es una ganancia no prevista. Lo lógico sería que sumara esa utilidad a los royalties que paga a cada socio condómino.
Es aquí cuando vino a operar la viveza criolla. Los brasileños propusieron a los gobiernos paraguayos de turno destinar ese dinero adicional a obras sociales y medioambientales inespecíficas; puede incluir desde construir un polideportivo, techar una parroquia o vallar una pista de carrera de caballos.
Puede parecer una bicoca, pero cuando hablamos de una de las mayores hidroeléctricas del planeta, un excedente supone cientos de millones de dólares. En este caso, cientos de millones de dólares que pueden ser gastados de manera absolutamente arbitraria y discrecional según como se les ocurra a los miembros del directorio de la Binacional, que no son sino burócratas o políticos designados por la administración de turno.
Así, Brasil puso a disposición del gobierno paraguayo dinero suficiente como para hacer proselitismo y enriquecer de paso a sus administradores ocasionales, a cambio de que no jodan con la cantaleta de que hay que renegociar el Tratado de Itaipú; un tratado que, entre otras cosas, nos impide vender a terceros nuestra porción no usada de energía, y nos obliga a cedérsela a nuestros socios, aceptando apenas una magra compensación en contrapartida.
Ante el éxito de semejante entuerto, Yacyretá pasó a hacer lo mismo, convirtiéndose la suma de estos fondos discrecionales de las binacionales en el mayor botín para los gobiernos que se han sucedido desde entonces. No hay que complicarse demasiado en el campo jurídico para determinar cómo reencauzar ese dinero, garantizando que se use de manera controlada y en las áreas que la gente necesita. Basta con que una ley diga que para gastarlo tiene que ser incluido -como corresponde- en el presupuesto público.
En la medida en que se generen los recursos, el Ejecutivo debe remitir al Congreso el pedido de ampliación presupuestaria para poder ejecutarlos. Obviamente, para eso deberán ser todos gastos necesarios y razonables. Es poco probable que le den aprobación a un aporte solidario para el club deportivo de Nano Galaverna o la reparación de una seccional colorada.
Los fondos sociales y medioambientales son un delicioso curro político del que se han alimentado con fruición durante más de veinte años. Marito está obligado a ponerle fin. Es su oportunidad de hacer bien una cosa… o seguir acumulando ceros en su gestión.
