El nuevo director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, encuentra posible que un acuerdo por notas reversales entre Brasil y Paraguay, copropietarios de la entidad binacional, es como se puede salvar el inconveniente legal actual que impide que unilateralmente se dispongan en el país el control y fiscalización de las cuentas nacionales, bienes y patrimonios de la entidad, por parte de la Contraloría General de la República. Ambas partes deben definir el mecanismo que responda a esos objetivos. Entretanto, dice que desde su gestión apuesta por la transparencia, aunque reconoce que hay que mejorar la forma en dar a conocer todas las obras y proyectos financiados por Itaipú. Considera un mito el que desde la entidad se financian campañas políticas. Respecto a la renegociación en 2023 del Anexo C del Tratado de Itaipú, tras 50 años de su entrada en vigor, el embajador Cáceres destaca el proceso que lleva adelante Cancillería desde el 2019, de apertura y participación para que diversos sectores de la sociedad opinen y contribuyan en la definición de los términos y estrategias. Lamenta los “ataques” que, dice, “pueden debilitar” la posición del país a la hora de sentarse a revisar con el Brasil las bases financieras de la central hidroeléctrica, establecidas en el Anexo C del documento. Sin dudas, este es el mayor desafío diplomático para el Estado paraguayo y está en manos del presidente Mario Abdo Benítez dar inicio a las conversaciones con Brasil.
–Le tocó asumir en un momento en que cobró vigor y cuerpo el recurrente reclamo de que las cuentas nacionales de Itaipú puedan ser auditadas por la Contraloría. ¿Por qué se insiste en que esto es inviable?
–La pregunta tiene varios matices, pero básicamente es porque tenemos un tratado que regula la operatividad de la Itaipú Binacional y nosotros decimos que tenemos que ajustarnos a lo que establece el tratado. De ahí vienen muchas disposiciones por las que es muy difícil dividir la Itaipú margen izquierda y margen derecha. Por eso es que vamos en la búsqueda de una solución. No estamos en contra de la transparencia ni de compartir datos, pero mi responsabilidad como director general es hacer cumplir y defender el cumplimiento de ese tratado. Lo que decimos sencillamente es: busquemos los instrumentos que permitan a la Contraloría llevar a cabo ese control sin vulnerar la binacionalidad.
–¿Cómo lograr esto?
–El instrumento está: unas notas reversales negociadas por las dos cancillerías que permitan, no solo a la Contraloría paraguaya, sino también al órgano contralor brasileño, a cumplir con esa fiscalización. Hay una mesa de diálogo en este momento en la Cancillería, de la cual la Contraloría es parte. Si tenemos un camino, una forma de hacerlo, usemos esto. La preocupación es que de un lado se vulnere la binacionalidad, ¿y cómo quedamos si en el futuro, del otro lado, unilateralmente también modifican o adoptan una legislación interna sobre la entidad?
Por otro lado, desde ningún punto de vista hay falta de transparencia. Estamos poniendo los gastos sociales en la página web de la institución e iremos mejorando esta parte. No tengo nada que esconder, asumí recién, y desde el momento que lo hice no hay ningún contrato que se haya firmado y que yo quiera estar escondiendo. No pasa por ahí.
–¿Qué falta para que las Altas Partes efectivamente lleven adelante lo que plantea?
–Las cancillerías ya tienen este tema. Es cuestión nada más de continuar la negociación. Que se reúnan y digan: acá hay un camino, negociemos el instrumento legal que permita a ambas contralorías a realizar ese control conjunto.
De hecho, hay un ejercicio conjunto que se ha llevado a cabo que es la auditoría de las cuentas de las deudas de Itaipú, con la que colaboramos de la mejor manera posible.
–¿Y el Ejecutivo tiene la voluntad para emprenderlo?
–Sí, claro que tiene. Hay contactos, hay negociaciones. Siempre hay voluntad para buscar una solución. Este tema, en un momento dado, también estuvo sobre la mesa en Brasil. Fue cuando yo estuve como embajador allá y recuerdo que estaba siendo considerado hasta tanto salió una sentencia del Supremo Tribunal de Justicia. Y no es que nos amparamos en esa sentencia, sino que sencillamente resaltamos cómo se encaró en Brasil.
Es importante recordar además el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de nuestro país respecto a la Ley 1161/97 que pretendía implementar mecanismos de control a las Entidades Binacionales a través de la ANDE. Según la Corte esto contraviene lo dispuesto en los tratados de ambas entidades, en cuanto a que los mismos establecen distintos mecanismos de control (auditorías interna y externa internacional). En la interpretación de la CSJ la ley, cuya aplicación se pretendía, vulneraba el principio de prelación de las leyes establecido en la Constitución Nacional.
Para mí sería muy fácil entregar todo y recibir gran aceptación por ese acto, pero tengo que actuar con un sentido de responsabilidad y manejarme dentro de lo que me delimita el tratado que crea la Itaipú Binacional.
–¿Qué esperan de la acción de inconstitucionalidad promovida ante la Corte contra la resolución de la Contraloría, que dispone la realización de una auditoría financiera de los fondos destinados a los gastos sociales de las entidades Itaipú y Yacyretá?
–Recurrimos a la Corte porque es una facultad que tenemos. Es más, incumpliría en mis atribuciones en caso de no defender el tratado. Por eso fuimos a la máxima instancia. Qué mejor en un estado de derecho que sea el máximo tribunal de Justicia el que dirima una situación respecto a la cual hay diferentes interpretaciones. Respetamos absolutamente la potestad de la Contraloría, no nos oponemos a eso.
–¿Qué pasará si la Corte da la razón a la Contraloría?
–Y vamos a cumplir la sentencia. Ojalá no tengamos que llegar a una sentencia judicial para dirimir estas interpretaciones. Esperemos que podamos tener el acuerdo por notas reversales que claramente establezca la forma de fiscalización que podamos seguir en forma conjunta los dos Estados. Las contralorías de ambos países son parte de esa mesa de negociación y pueden dar una opinión sobre cómo se llevaría a cabo este trabajo conjunto.
–¿No descarta que antes de que se expida la Corte pueda correr lo de las notas reversales?
–De hecho eso se está impulsando, hemos hablado en la mesa de negociación y vamos a seguir hablando en ese sentido. Ojalá ese sea el camino que se halle para permitir a la Contraloría a llevar a cabo la función que ellos quieren.
–¿En el lado brasileño existe predisposición al respecto?
–Sí, claro que sí. No creo que haya inconveniente de la parte brasileña. Las veces que uno se sienta, explica los motivos, y si estos son razonables, se puede llegar a un acuerdo.
–Pero existe el antecedente que usted mismo mencionó que es la sentencia de Supremo Tribunal brasileño, que reconoció que las disposiciones del tratado y sus anexos prevalecen sobre las prescripciones de las leyes brasileñas...
–Cuando eso se promovió en Brasil, Paraguay se presentó y acompañó ese juicio como coadyuvante. El procurador nuestro participó fundamentando una posición que era para nosotros la binacionalidad.
–¿No me queda claro si lo que falta es que se reimpulse el tema del acuerdo por notas reversales?
–Probablemente necesite un reimpulso dada la situación que estamos viviendo acá. Hoy día esto es motivo más que suficiente para buscar aún con mayor esfuerzo una salida, una solución.
–¿Qué responde a la lectura generalizada de que la acción de inconstitucionalidad que promovió la entidad recientemente es a favor de la opacidad?
–Claro que hay opiniones. Pero no porque digan eso yo tengo que cambiar una postura de mucho tiempo, basada en nuestra propia Constitución, y sabiendo que estamos haciendo todo el esfuerzo de transparentar, de dar a conocer los datos, que están en las redes. Somos auditados todos los años por grandes empresas internacionales. Hay un mecanismo serio y un control que implica que el director paraguayo tiene que otorgar el acuerdo para las obras que se llevan a cabo en territorio brasileño y viceversa, de parte del director brasileño. Entonces, no es tan sencillo modificar todo eso y hacer las cosas sin rendir cuentas. De ser así, las siguientes obras no son aprobadas. Hay mecanismos internos de control, de transparencia. Uno puede ver las obras que hace Itaipú en todo el territorio. En estos momentos hay 150 millones de dólares en obras en ejecución, de planes de varios años. Están a la vista de la ciudadanía. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para dar a conocer cómo se trabaja.
–¿Qué pasará si sale el proyecto de ley que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes, y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá?
–No quiero hablar sobre un proyecto de ley que está siendo tratado por el Congreso. Tengo el mayor respeto por el proceso legislativo. Para nosotros hay una vía, ya lo mencioné, y quisiéramos que esta sea un acuerdo donde todos participen. Un acuerdo por notas reversales que negocia el Ejecutivo a través de Cancillería.
–Independientemente de los intentos que buscan abrir las binacionales a la fiscalización, ¿cómo garantizar, por ejemplo, que los fondos sociales de Itaipú no sean administrados con fines electoralistas?
–Ese es el gran desafío. Pero aclaro que Itaipú no puede entregar un centavo a nadie. Hay el mito de que acá se entrega dinero en maletines para financiar campañas políticas.
Tenemos unas normas y pautas que cumplir. Hay controles muy estrictos. Si no presentan los comprobantes y todas las pruebas de ejecución de una obra que se financia con fondos de Itaipú, no se amplían los fondos y no se vuelve a otorgar a la empresa encargada. Hay controles muy rígidos. Hay mucho por mejorar en cómo dar a conocer todo lo que se hace. Verán el puente sobre el río Paraná, después de más de 50 años vamos a tenerlo, y lo está haciendo Itaipú, con un alto nivel de calidad. Igual el superviaducto en Ciudad del Este y así, muchísimas obras. Estas están, pero muchas veces se repiten ciertos preconceptos que hacen que la gente crea que uno quiere esconder las cosas porque estas se realizan de una forma que no es aceptable, y no es así. Somos los primeros que queremos que esto se dé a conocer y que se haga de forma transparente. No hay ningún deseo de esconder información, sino de respetar nuestro referente marco que es el tratado.
–¿No siente que se está quedando solo atendiendo que Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de la también Entidad Binacional Yacyretá, ha decidido dar pasos hacia la apertura de la institución a la fiscalización de la Contraloría?
–Yo solo puedo hablar por mí. No voy a ponerme a juzgar lo que hace la otra binacional. Lo que tengo en cuenta es mi compromiso con el cumplimiento de lo estipulado en el tratado y mi responsabilidad es al frente de Itaipú Binacional. Es lo que considero a la hora de tomar decisiones y de tratar de llevar a cabo el trabajo que me fue encomendado.
–Asumiendo que lleva poco en el cargo y que estamos en campaña electoral, ¿en el tiempo que lleva, ha recibido llamadas y visitas de políticos que presionan para que Itaipú colabore en tal o cual actividad u obra?
–No. Lo que puedo decir es que las obras sociales muchas son en infraestructura. Hoy día la prioridad es salud. Este año se están construyendo 47 Unidades de Salud de la Familia (USF) en todo el país. Sí, hay veces que puede venir un intendente a pedir un asfaltado, un empedrado, un pozo artesiano y, obviamente, si está dentro de las pautas, se trata de cumplir, independientemente del partido que sea. Siempre se ha recibido a gente de todos los partidos, porque al fin y al cabo, es de interés para la localidad. Hay lugares en el interior donde 5 km de vías asfaltadas generan un impacto muy grande, y se trabaja con todos ellos. Pero aclaro, no hay un centavo que se da a alguien para financiar su campaña política.
–¿Asegura que, dada la campaña, no registra una avalancha de pedidos de esa naturaleza?
–No, de hecho, hoy día eso no se puede dar, porque la prioridad es salud. Paramos todas los empedrados, pozos artesianos y asfaltados en localidades del interior. Por instrucciones del presidente, los recursos que estaban disponibles están todos orientados al área de salud.
–Constantemente se cuestionan los elevados salarios y privilegios de los funcionarios de Itaipú. Conocemos la justificación legal, pero, ¿éticamente no les produce alguna incomodidad esto en un país con tremendos problemas sociales y pobreza?
–La pregunta no es fácil responder. Obviamente que no son salarios que normalmente uno percibe. Yo tengo 30 años de función pública y no es un salario habitual, por lo que creo que esto tiene que ser un motivo para que la gente que trabaja acá ponga el mayor esfuerzo y empeño para defender siempre los intereses nacionales. Es lo que podría decir respecto a tu pregunta.
–¿Cuándo efectivamente empezará la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú?
–Esa es una respuesta que debe dar la Cancillería. Las Altas Partes negociadoras son los Ministerios de Relaciones Exteriores, nosotros lo que hacemos es acompañando con todo el apoyo técnico para esas negociaciones. No sería prudente de mi parte hablar al respecto. Participamos indirectamente del Grupo de Análisis y Seguimiento, plataforma interinstitucional encargada del análisis de la documentación elaborada por los grupos de trabajo para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Ahí se están discutiendo estrategias y es la Cancillería la que está negociando y dirigiendo el diálogo con la margen izquierda.
–La propia Cancillería había expresado la intención de adelantar el inicio de las negociaciones. Incluso se había hablado de empezar este año…
–Tengo entendido que hay conversaciones, pero no soy yo el vocero para hablar de esa parte.
–Pensando en el futuro y en lo que más convendrá al Paraguay, ¿cuál es la posición país con respecto a la renegociación del Anexo C: Energía barata o recursos adicionales?
–Eso es lo que se está debatiendo. Así como tenemos nuestros intereses tenemos que ver los de la margen izquierda (Brasil) y tratar de considerar todo. Ahí está también la disponibilidad de nuestra propia energía. Por eso es que trabajamos con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Hay recursos de Itaipú para mejorar el sistema de la ANDE, la institución necesita montos importantes. Sabemos de esa necesidad. Por eso Itaipú aprobó para la entidad USD 203 millones para fortalecer el sistema eléctrico y evitar los cortes de energía y recientemente un adicional de 100 millones. No es el momento de adelantar concretamente cuál sería la posición final del país a la hora de renegociar el Anexo C del Tratado. Se sigue trabajando en los diferentes grupos y estoy seguro que vamos a tener una posición sobre lo que me pregunta.
–¿El presidente, el canciller y quiénes más van a negociar por Paraguay?
–Las Altas Partes, que son las cancillerías. Pero después está todo el apoyo que vamos a dar a la Cancillería Nacional desde diferentes ámbitos. La ANDE también es importante en esto, en su diálogo con su contraparte, Eletrobras. Pero el día a día de la negociación lo hace la Cancillería.
–¿No sería prudente instalar la mesa y dejar que el próximo gobierno, que se instalará en 2023, continúe con la negociación, dado que la administración Abdo Benítez estará de salida?
–Bueno, Brasil tiene elecciones en octubre del año que viene. Con esto no quiero significar que hay que esperar que pasen ambas elecciones. La renegociación es un asunto de Estado. En el caso de nuestro país, lo importante es el proceso que se está dando y que es hacer participar al mayor número de sectores en el análisis y preparación para renegociar, porque el resultado de la mesa de negociación tiene que contar con un respaldo de todos.
Por eso ahora iniciamos esta iniciativa del Congreso Nacional que creó una Comisión de Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones de la Revisión del Anexo C de Itaipú.
Es muy importante aparecer con una sola voz en todo esto, porque cuando se ataca todos los días a la institución, lo que se hace es debilitarla. Entonces nos encontramos con una entidad atacada permanentemente que a la hora de tener un diálogo con otra parte, obviamente va a llegar muy debilitada. Más aún, cuando la otra parte no recibe interiormente la atención tan intensa como la hace la margen derecha (paraguaya).
Paraguay tiene gente preparada y estamos listos para sentarnos a negociar cuando haya un acuerdo de fecha de inicio. Aunque haya posiciones contrapuestas, cuando hay sensatez, se pueden llegar a un acuerdo argumentando las posiciones. El camino que se viene recorriendo en los últimos dos años demuestra que hay apertura, participación y el deseo de escuchar a todas las voces.
Negociemos el instrumento legal que permita a las contralorías del Brasil y Paraguay a realizar el control conjunto de la entidad binacional. Esto es un acuerdo por notas reversales.
Yo no tengo nada que esconder, asumí recién, y desde el momento que lo hice no hay ningún contrato que se haya firmado y que yo quiera estar escondiendo.
Se repiten ciertos preconceptos que hacen que la gente crea que uno quiere esconder las cosas porque estas se realizan de una forma que no es aceptable, y no es así.