Asegura que la ANDE es propiedad del Estado paraguayo y, por ende, su salud financiera debe ser una preocupación de todos los paraguayos. “En tal sentido, se estima que el descalce financiero que producirá la aplicación de esta inaudita medida es de más de 300 millones de dólares”, apunta el documento emitido por la UIP.
“La sobrefacturación del servicio de energía eléctrica ocurrida últimamente, producto únicamente de la inoperancia de la ANDE, es una cuestión que debe solucionarse primeramente, sancionando a los responsables directos, y con medidas de fondo que ataquen este problema, aplicando tecnología y sistematización de procesos de manera inmediata y definitiva”, agrega.
VETO. Por último, pide al presidente Mario Abdo Benítez que vete la ley aprobada en el Congreso, librándose así de la responsabilidad y de las consecuencias de semejante acto llevado a cabo por los políticos en ambas cámaras.