El titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, se refirió ayer sobre el polémico proyecto de ley que pretende modificar el Estatuto Agrario a beneficio de terratenientes.
A su criterio, esto constituye una amenaza para el sector que debe cuidarse de los “tramposos” que ponen en riesgo la vida y el trabajo de mucha gente.
Así lo manifestó en un acto oficial durante el inicio de cosecha de la caña de azúcar en la planta Neualco, ubicada en el distrito de Juan Manuel Frutos, Departamento de Caaguazú, de la que también participó el jefe de Estado.
“Tenemos amenazas y debemos cuidarnos de los falsos profetas, de los pregoneros, de los enfrentamientos, de los que quieren usar la sociedad paraguaya como un campo de batalla, para estar enfrentados todo el día y no podamos trabajar”, advirtió el referente del gremio.
Consideró que el proyecto es una violación a la Constitución Nacional y que “con fachadas” solo buscan convertir en santos a los invasores de propiedades.
“Los tramposos que proponen una violación de la Constitución Nacional con fachadas de ley. Este proyecto que quiere convertir en santo a los invasores de propiedad, la invasión ya no va a ser delito en Paraguay”, refirió el empresario.
Indicó que la propuesta es de un grupo de senadores “que están queriendo liquidar la convivencia armónica” en la sociedad paraguaya.
“No podemos permitir, tenemos que enfrentarles con toda la determinación y firmeza a la gente que quiere violar la Constitución disfrazados de demócratas”, sostuvo.
El polémico proyecto es rechazado por distintos sectores ya que, en su artículo 88, determina que los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la Región Oriental, patrimonio del organismo de aplicación, al momento de la promulgación de la presente ley, y que no sean considerados beneficiarios, por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada.
El documento también tiene mucha resistencia por parte de los agricultores, quienes incluso ya manifestaron su rechazo con una marcha.
Se estima que unas 700.000 hectáreas de tierras del Indert son las que se encuentran ocupadas ilegalmente por personas que no cumplen los requisitos para ser beneficiarios de la reforma agraria y cuyos poseedores podrían beneficiarse con la normativa.
Tenemos amenazas y debemos cuidarnos de los falsos profetas y de los que quieren enfrentamientos. Héctor Cristaldo, titular de la UGP.
