El director de la institución, Francisco Ruiz Díaz, informó que tras la intimación judicial un equipo técnico se constituyó en el Este del país para examinar el espacio físico del inmueble, que además de Jaeggli pertenece supuestamente a Aníbal Gavilán y Esteban Serrati Codas.
Explicó que, según los datos que brindaron los supuestos dueños al inscribir su propiedad en 2003, pudieron comprobar que las tierras que se intentaron vender al Estado se encuentran a unos 100 kilómetros de los linderos estipulados en los documentos originales, ya dentro del Departamento de Alto Paraná y superpuesta con tierras del Estado, no en Canindeyú donde deberían estar situadas.
Además de esto, prosiguió, en el espacio físico fijado en el título legal actualmente está ubicada una empresa productora de palmitos y soja, con los documentos validados por Registros Públicos.
“Los linderos fijados en el título original no se coinciden con los datos que presentaron los supuestos dueños, son otros linderos y afectan a una empresa, a un particular y a un inmueble del propio Estado. Entonces, las inconsistencias en toda la documentación, por las que se suspendieron el pago fueron totalmente corroboradas in situ”, expresó.
La directora de Registros Públicos, Lourdes González, confirmó que en un análisis del título de propiedad encontraron que la misma se superpone con otros títulos legalmente inscritos, entre ellos, un inmueble del Indert.
Antecedentes. El caso data del 2008. En agosto de ese año el MOPC decide adquirir 1.592 hectáreas en el Este del país para destinarlas a comunidades indígenas, como parte de un plan de mitigación ambiental por obras viales. Estas tierras pertenecían supuestamente a Jaeggli Valdez, Gavilán y Serrati Codas.
Sin embargo, tras detectar una presunta titulación irregular y serias inconsistencias geográficas, la cartera decidió anular la compraventa en octubre del mismo año. Tras esta decisión, los supuestos dueños inician un juicio contencioso administrativo contra el MOPC, con sentencia favorable a los demandantes.
Con dicha sentencia llevan adelante un nuevo juicio para la ejecución y liquidación de los intereses ante la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15º Turno, Tania Carolina Irún. Este litigio nuevamente salió a favor de los demandantes.
En medio de eso, el MOPC decidió iniciar otro juicio para definir el fondo de la cuestión: ¿los títulos presentados por los supuestos dueños son legales o no? Este proceso está sin resolución desde el 2010.
Obviando este último pleito, la jueza Irún intimó a Hacienda en diciembre del 2017 a pagar USD 3,2 millones a los supuestos dueños de las tierras. En febrero de este año, la magistrada reitera la intimación al Fisco, pero ante la negativa de la cartera estatal por los indicios de irregularidad, Irún denunció ante la Fiscalía a la ministra de Hacienda, Lea Giménez, por desacato a una orden judicial.
Ante esto, el Gobierno analiza ahora denunciar a la jueza ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por extralimitarse en sus funciones.