EFE.
El 22 de enero de 1973, con una mayoría de siete jueces frente a dos, la máxima corte del país definió un marco limitado dentro del cual, en virtud de su derecho a la privacidad, una mujer puede interrumpir legalmente su embarazo.
En aquel entonces, una madre soltera embarazada por tercera vez, Norma McCorvey, decidió abortar en Texas, un estado en el que esa práctica se permitía entonces sólo en caso de peligro de vida para la madre o el niño.
McCorvey acudió a la justicia bajo el seudónimo de “Jane Roe” y se enfrentó al fiscal de Dallas, Henry Wade. Su hijo nació, pero el caso siguió su curso hasta llegar a la mayor jurisdicción legal de Estados Unidos.
“El caso ‘Roe contra Wade’ significó una victoria histórica para los derechos reproductivos de la mujer, pero desafortunadamente ahora se ven amenazados por Trump y (el vicepresidente Mike) Pence”, señaló a Efe Alexis Cole, la directora de políticas de Unidos por la Equidad Reproductiva y de Género (URGE), de Washington DC.
El mandatario llegó a declarar en una entrevista el pasado marzo que las mujeres que abortan en EE.UU. deberían “enfrentar algún tipo de castigo legal”, pero se retractó de esta afirmación después de recibir un alud de críticas.
Trump, quien alguna vez apoyó el derecho al aborto asegurando que él era “muy pro-elección” , ahora favorece la prohibición del procedimiento, refiriéndose al mismo como “un problema muy serio”.
Así, el presidente designó en febrero a un juez conservador, Neil Gorsuch, para el noveno puesto vacante de la Corte Suprema, instaurando un nuevo equilibrio de poder: cuatro jueces progresistas frente a cinco conservadores.
Para Carly Calhoun, de la organización SisterLove, basada en Atlanta (Georgia, EE.UU.), el multimillonario “hará lo que sea necesario” para mantener a su colectivo marginado.
Estados conservadores como Georgia, Texas, Ohio o Alabama, entre otros, han elaborado leyes durante los últimos 45 años para poner trabas al acceso al aborto.
“Si eres una mujer del sur del país es muy difícil encontrar un lugar para abortar, no sólo por la escasez de centros sino también por todos los obstáculos que los legisladores estatales interponen en tu camino”, aseguró en declaraciones a Efe Calhoun.
Entre otras cuestiones, se ha prohibido a los seguros privados que cubran las interrupciones de embarazo o se ha decidido enviar a las mujeres a centros de “atención y crisis”, organizaciones manejadas por instituciones religiosas que buscan convencerlas para que tengan el bebé.
Jamila Taylor, del Center for American Progress (CAP), opina que el acceso al aborto debería incluirse en el programa de sanidad pública Medicaid para que las mujeres con pocos ingresos puedan interrumpir su embarazo si así lo desean.
Sin embargo, Taylor dijo a Efe estar “muy preocupada” por el futuro del aborto en EE.UU., principalmente por la amenaza que supone que Trump pueda nombrar jueces conservadores, no sólo en el Supremo sino también en otras cortes de menor instancia.
Durante su primer año en la Casa Blanca, el multimillonario ha batido dos récords, al nominar a 43 candidatos judiciales y lograr la confirmación en el Senado de 12 magistrados de los tribunales de apelaciones.
Además, Trump se convirtió el pasado viernes en el primer presidente que se dirige vía satélite a la “Marcha por la Vida”, que celebró este año su 45 edición y tiene el apoyo de organizaciones religiosas de todo el país.
Una de las asistentes a esa marcha y fundadora del grupo Women Speak for Themselves (“Las mujeres hablan por sí mismas”), Helen Alvaré, señaló a Efe que el aborto es una “terrible” violación de los derechos humanos de seres “muy vulnerables”.
“Aborto es un término técnico que significa asesinar a un ser humano y, por ello, la Justicia estadounidense debería tomar pasos para prohibirlo”, sentenció la activista y profesora de Derecho en la Universidad George Mason, ubicada en Fairfax (Virginia, EE.UU.).
