El cardenal Angelo Becciu, de 75 años, otrora consejero cercano del papa Francisco, es el más alto responsable de la Iglesia Católica en comparecer ante un tribunal penal del Vaticano, la Justicia Civil de la ciudad-Estado.
En el centro del caso está la compra, por 350 millones de euros (164 millones de dólares), de un edificio de lujo en Londres entre 2014 y 2018, en el marco de las inversiones de la Santa Sede, que cuenta con un patrimonio inmobiliario considerable.
Este caso, con múltiples ramificaciones, pone de nuevo sobre la mesa la opacidad de las finanzas del Vaticano, máxime cuando el papa Francisco ha intentado sanear su funcionamiento desde su elección en 2013.
El Pontífice argentino también reformó el sistema judicial para que obispos y cardenales puedan ser juzgados en tribunales laicos, y no solo en instancias religiosas.
El fiscal Alessandro Diddi pidió penas de cárcel que van de casi cuatro años hasta más de trece, además de sanciones financieras, contra los diez acusados que comparecen por fraude, desvío de fondos, abuso de poder, blanqueo de dinero, corrupción y extorsión.
Ex número dos de la Secretaría de Estado, principal órgano del gobierno central de la Santa Sede, en el centro de esta transacción, el cardenal Becciu conserva su título, pero fue destituido de todas sus funciones en setiembre de 2020.
El fiscal requirió siete años y tres meses de prisión contra él, pero el sardo siempre mantuvo su inocencia.
El cardenal afirmó que “nunca [había] robado un céntimo” y aseguró ser víctima de un “linchamiento mediático”. Sus abogados pidieron su absolución.
Vaticano pidió “castigar todos los delitos”
Por su parte, la Santa Sede —de la que cuatro entidades se constituyeron en parte civil— invitó al tribunal a “castigar todos los delitos”, indicó su secretario de Estado, número dos del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, que consideró la Secretaría de Estado como “la parte agraviada”.
Al término de las 85 vistas de este proceso, conocido como el “del inmueble de Londres”, los debates sacaron a la luz la opacidad de algunas operaciones financieras de la Santa Sede, con revelaciones sobre escuchas telefónicas y procedimientos opacos a través de una serie de intermediarios.
El tribunal —presidido por el magistrado italiano Giuseppe Pignatone— debe pronunciarse en particular sobre Raffaele Mincione, empresario italosuizo que recibió la inversión mediante su fondo luxemburgués, y Gianluigi Torzi, que se autoadjudicó el control del edificio.
Pignatone señaló el sábado “la complejidad” de este juicio, antes de que los magistrados se retirasen a deliberar. El veredicto se anunciará alrededor de las 15:00 GMT.
Entre los momentos destacados del proceso figuran las revelaciones sobre una conversación telefónica de monseñor Becciu —a iniciativa suya— con el Papa y grabada sin el conocimiento de este, poco antes del juicio, en la que le pedía confirmar que había aprobado movimientos financieros confidenciales.
La instrucción describió un enredo “casi imposible de deshacer” de fondos de inversión especulativos, de bancos, instituciones de crédito, personas físicas y jurídicas.
Esta adquisición de un precio sobrevalorado puso en evidencia el uso imprudente del óbolo de San Pedro, la gran colecta anual de donativos destinados a las acciones caritativas del Papa. Igualmente generó pérdidas sustanciales en las finanzas del Vaticano.
La Santa Sede finalmente revendió el edificio de 17.000 m2 situado en el elegante barrio de Chelsea, a costa de grandes pérdidas.
Duro golpe a la Iglesia
Este caso asestó un duro golpe a la reputación de la Iglesia y del papa Francisco, que multiplicó las reformas para sanear las finanzas del Vaticano y luchar contra el fraude.
Además de la creación de una Secretaría para la Economía en 2014, limitó, desde su elección en 2013, las inversiones y las actividades del Banco del Vaticano, en especial con el cierre de 5.000 cuentas sospechosas.
Fuente: AFP.
