Los jueces de este tribunal han concluido que el Gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que Julian Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental y dictaron que puede ser extraditado.
El magistrado Timothy Holroyde indicó que el caso será ahora devuelto a la jueza de primera instancia Vanessa Baraitser —que el 4 de enero denegó la entrega— para que a su vez lo remita a la ministra del Interior, Priti Patel, a fin de que ordene la extradición.
Holroyde dispuso además que Assange, de 50 años, seguirá detenido en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, donde cumple prisión preventiva hasta que termine este proceso, que aún puede ser recurrido por la defensa.
En el dictamen, firmado por Holroyde y su colega Ian Burnett —que hoy no pudo estar presente en la breve visita—, los jueces consideran que Baraitser, de la Corte de Magistrados de Westminster, debió informar por adelantado a la Justicia estadounidense de que pensaba bloquear la extradición a fin de que pudiera presentar ya entonces garantías sobre el régimen penitenciario que se aplicaría al acusado.
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En todo caso, las garantías que Washington presentó posteriormente ante el Tribunal de Apelación “son suficientes”, señalan los magistrados, que rechazan las críticas de la defensa.
Durante el juicio del 27 y el 28 de octubre, el fiscal James Lewis, en representación de la Justicia estadounidense, garantizó que, de ser extraditado, el periodista no será sometido a “medidas administrativas especiales” (SAM, en inglés), como tener vetadas las visitas o la correspondencia, ni antes del juicio ni si fuera condenado, ni ingresaría en la cárcel ADX Florence
—de máxima seguridad— en Colorado, a no ser que —matizó— posteriormente hiciera algo para merecerlo.
Además, Washington promete que, mientras estuviera bajo custodia, Assange recibiría el tratamiento sicológico adecuado y, en caso de condena, podría cumplirla en su país natal de Australia.
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Estados Unidos reclama al australiano para juzgarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática tras las revelaciones de su portal WikiLeaks, que, entre otras cosas, expuso abusos de ese país en las guerras de Irak y Afganistán.
Según la defensa, las acusaciones, que dice que pueden acarrear hasta 175 años de cárcel, están políticamente motivadas y, si acaban en condena, sería un precedente catastrófico para la libertad de prensa.
