El polémico proyecto está en el punto 9 del orden del día de la sesión de Diputados y se trata de una normativa que, entre otras cosas, conformó un comité estratégico con la intención de llevar adelante el diseño de la mejor estrategia para la transformación educativa.
La exposición de motivos del dictamen favorable a la derogación explica que la transformación educativa crispó a la ciudadanía por diversos motivos, por la no inclusión de los padres de familias en dicho comité. “Los padres son los primeros garantes de los hijos, según lo establece la Constitución (Art. 54)”, expresa el documento.
Señala, además, que solo después de mucha exigencia, se los incluyó en junio del 2022.
“(En el proyecto)... están contemplados los ejes que, justamente, tienen que ver con la ideología, la interculturalidad, enfoque de derechos, como así también la inclusión, pero siempre vinculado a la ideología de género”, esgrimió la diputada Abed.
Cancillería reacciona. Ante la potencial aprobación de la derogación de Convenio, la Cancillería Nacional a través de la embajadora Helena Felip, directora general de Política Multilateral, sostiene que “cualquier tipo de acción en contrario, perjudicaría la imagen del Paraguay ante la comunidad internacional, especialmente para futuros proyectos de cooperación de los cuales pudiera ser beneficiario”.
Asimismo, declara de manera enfática que “el mandato constitucional del Poder Legislativo consiste en aprobar o rechazar los tratados sometidos a su estudio, cualquier modificación de los términos del convenio deberá realizarse a través del Poder Ejecutivo, quien es el responsable del manejo de las relaciones exteriores de la República del Paraguay”.