Editorial

Tras repetidas chicanas, es hora de hacer justicia en el caso Rivas

Desde que una investigación de este diario reveló en febrero de 2017 que el diputado colorado por Paraguarí Tomás Éver Rivas pagaba a sus empleados domésticos con dinero público, el mismo ha burlado muchas veces a la Justicia a través de chicanas, favorecido además por sus aliados políticos en el Congreso. Ahora, finalmente, dos de sus caseros irán a juicio oral y el legislador, quien en mayo fue desaforado mediante la presión de organizaciones ciudadanas, tendrá que seguir el mismo camino. Es de esperar que al fin se haga justicia en otro caso emblemático de corrupción en el ámbito político.

En febrero de 2017, un reportaje de investigación realizado por periodistas de este diario revelaba con grandes titulares: “Diputado Rivas paga a caseros con dinero del erario público”, en un caso muy similar por el que fue procesado judicialmente su ex colega, el entonces también diputado José María Ibáñez, quien en agosto de 2018 se vio forzado a renunciar a su banca.

Hasta ahora, a pesar de ser procesado, Rivas había logrado burlar a la Justicia a través de innumerables chicanas, como también había conseguido ser salvado de sanciones en el Poder Legislativo gracias a sus aliados políticos, ya que pertenece al movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente de la República Horacio Cartes.

Tras un minucioso seguimiento, la investigación de Última Hora había demostrado que Reinaldo Chaparro Penayo (chofer), Lucio Romero Caballero (secretario privado) y Nery Antonio Franco González (chofer), quienes figuraban en planillas como funcionarios de Diputados, en realidad uno de ellos cumplía labores en un comercio familiar en Ybycuí, otro como casero en una residencia de Rivas ubicada en Lambaré y otro en su quinta rural ubicada en el Departamento de Paraguarí, pero todos ellos eran pagados con dinero del Estado y sin concurrir al lugar donde debían realmente trabajar.

Luego de más de un año de la publicación, el diputado Rivas y sus tres caseros fueron imputados por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados. Solamente el delito de estafa tiene un marco penal de hasta cinco años de cárcel.

El fiscal anticorrupción Luis Piñánez pudo constatar que las tres personas vinculadas como empleados de Rivas en ningún momento estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados, ni siquiera en la zona del Parlamento, durante los días en que el legislador participó en sesiones ordinarias y extraordinarias en el recinto parlamentario, entre julio de 2016 y marzo de 2017.

Inicialmente, el juez Rubén Riquelme había solicitado a la Cámara Baja el desafuero de Rivas, quien planteó una apelación general en contra de dicho pedido, argumentando que la imputación en su contra no tiene fundamentos. A partir de allí los acusados presentaron otros diversos recursos de chicanas que dilataron la investigación. Tras varias movilizaciones de protesta de organizaciones ciudadanas que luchan contra la corrupción, finalmente la mayoría de los legisladores de la Cámara Baja le bajaron el pulgar a su colega representante de Paraguarí, quien acabó siendo desaforado en mayo de este año para poder enfrentar a la Justicia.

Ahora, la jueza Penal de Garantías Letizia Paredes elevó a juicio oral y público la causa en la que están inmersos Lucio Romero y Nery Franco, dos de los caseros, abriendo camino para que Tomás Rivas también pueda sentarse en el banquillo, ya que está acusado en la misma causa y se encuentra sin fueros parlamentarios.

Aunque no se descarta que el legislador siga presentando más recursos dilatorios para evitar ir a juicio, es de esperar que en la Fiscalía y en el Poder Judicial se mantengan firmes y finalmente se pueda hacer justicia en otro caso emblemático de corrupción en el ámbito político.

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