Al doctor Vicente Bataglia, presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), le siguen persiguiendo las denuncias de deficiencias en el seguro social, pero él continúa atornillado en su cargo a una semana de la sesión de interpelación que duró siete horas y que constó de 44 preguntas y otras 14 repreguntas.
Con la indefinición del voto censura a cuestas, el titular del IPS no tiene respiro porque persisten las quejas por faltantes de medicamentos como antigripales y para tratamientos de cáncer, falencias en el sistema de agendamiento, suspensiones de cirugías por falta de limpieza en quirófanos, entre otras denuncias de supuestos negociados en licitaciones de tercerizaciones.
Estas situaciones, que se repiten, fueron incluidas en las preguntas de la interpelación, cuyas situaciones fueron minimizadas y hasta justificadas por el presidente del IPS durante la interpelación. Las respuestas estaban plagadas de excusas e incluso sobre el caso del amputado Ramón Samudio alegó que no hubo mala praxis. La principal excusa del titular del IPS con relación al desabastecimiento está relacionada supuestamente a la pandemia.
MÁS ATORNILLADOS. No solo Bataglia se aferra al cargo, sino que también los cinco consejeros cuyos salarios netos rondan entre G. 30 a G. 35 millones, cuyas cifras representan 13 salarios mínimos legales vigentes (G. 2.289.324). (Ver infografía).
En su mayoría, los representantes tienen vínculos con sectores partidarios. El IPS se convirtió en los últimos años en el botín político del gobierno de turno, que incide en que los viejos vicios se eternicen en el sistema de salud.
Los representantes del Consejo de Administración son los principales responsables de la gestión del seguro social de los trabajadores, tanto en el ámbito de salud como jubilación. Son los encargados de aprobar las licitaciones, las inversiones, las contrataciones, la construcción de obras y otros.
Al seguro social le sobran políticos –con un Consejo de Administración netamente conformado por un perfil partidario y nombrado por el presidente de la República–, pero le faltan medicamentos constantemente, mejorar el sistema de agendamientos y brindar un servicio de calidad y calidez, según las denuncias de los asegurados.
La Cámara de Diputados aún no definió fecha para tratar el voto de censura. La Cámara Baja tiene un plazo hasta de 20 días, tras la sesión, para posicionarse sobre el tema. El voto de censura implicaría retirar la confianza a su gestión y recomendar la moción de destitución al Poder Ejecutivo.
La decisión está en manos del presidente, Mario Abdo, pero ya había anunciado que no hará cambios en IPS. Bataglia también, semanas atrás, dio a entender que no renunciará al cargo.
DENUNCIAS PERSISTENTES. La gestión de Bataglia sigue salpicada por innumerables quejas en las deficiencias del sistema de agendamiento como el reto fallido de una periodista de ÚH que tras llamar 88 veces, el operador le dijo “ya no hay turnos”. A este panorama se suma que persiste el desabastecimiento de antigripales y antibióticos.
Incluso, la semana pasada el IPS adjudicó a 6 empresas la tercerización del servicio de limpieza por un valor de más de G. 72.000 millones, cuya licitación está bajo la lupa por los supuestos negociados.
