Tras 16 años, la Sala Constitucional rechaza acción de la propia Corte

En febrero del 2007, Pucheta de Correa accionó contra el artículo 44 del Decreto 8885/07 que reglamenta la Ley 3148/06, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2007.

Además, la demanda era contra el artículo 5 del Decreto 7264/06 por el que se reglamenta la Ley 2597 del 208/06/2005, que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública, modificada y ampliada por Ley 2686 del 13/09/2005.

El pedido fue promovido por la entonces presidenta de la Corte luego de que fuera autorizada para ello por la Acordada 446, del 6 de febrero del 2007, en representación del Poder Judicial.

La solicitud fue estudiada en ese entonces por los ministros de la Sala Constitucional. El 17 de diciembre del 2007, casi 10 meses después, tuvo una medida cautelar de suspensión de efectos hasta tanto se resolvía la cuestión principal.

Sin embargo, la mora judicial también afectó a la Corte, ya que pasaron varios ministros, la propia Alicia Pucheta renunció para asumir como vicepresidenta de la República, y la acción no era resuelta por sus colegas.

Finalmente, el 9 de marzo del 2023, los ministros Víctor Ríos Ojeda, César Diesel Junghanns y Manuel Ramírez Candia estudiaron la acción planteada.

La entonces presidenta decía que las citadas normativas eran inconstitucionales, ilegales y lesivas a la independencia del Poder Judicial.

Ríos fue el preopinante. Señaló que el Decreto 8885/07 ya no está vigente a la fecha, ya que se aplicó solo ese año. Sobre el artículo 5 del Decreto 7264/05, también impugnados, refiere que establece los viáticos y pasajes asignados al personal público y particulares, que deberán adecuarse a tabla de valores preestablecidos.

Con respecto al Decreto 5076/21, que reglamenta el otorgamiento de viáticos, alega que ya fue declarado inconstitucional por acuerdo y sentencia 574 del 7 de diciembre del 2010, por lo que también perdió virtualidad.

Con ello, dice el ministro que cualquier pronunciamiento de la Corte sería inoficioso, por lo que correspondía rechazar la acción planteada por la entonces ministra, pues “por mandato legal la Corte no puede efectuar declaraciones de inconstitucionalidad en abstracto”.

El ministro Ríos dejó constancia de que la acción llegó a su gabinete el 22 de diciembre del 2021, por lo que manifestó su “profundo pesar por la demora generada”.

César Diesel se adhirió al voto en el sentido de rechazar la acción. Además, apunta que asumió como ministro de la Corte el 27 de mayo del 2020, y la acción llegó a su despacho el 23 de febrero del 2022.

Finalmente, el ministro Manuel Ramírez Candia también se adhirió al voto del ministro Víctor Ríos. Así, se rechazó la acción planteada por Pucheta y se levantó la medida cautelar del 17 de diciembre del 2007.