Los trabajadores se manifestaron a las afueras de la sede de la Defensoría en el centro histórico de Lima con carteles que decían: “Defensor, dé la cara o dé un paso al costado”, “La Defensoría del Pueblo no es un botín”, “No más mentiras” o “No destruyan 20 años de prestigio”.
Los manifestantes declararon a los periodistas que no están en contra de la evaluación, pero demandaron que este proceso se haga con “criterios claros.”
El diario La República señaló que el plantón también fue acatado en las oficinas de la Defensoría del norte y el sur de Lima, y en el interior del país por las oficinas de San Martín, Tumbes, Cajamarca, Tarapoto, Ucayali, Loreto, Jaén, Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Arequipa y Puno.
“Esto pasa porque estamos siendo afectados en la reducción de personal y están siendo no renovados los contratos de los trabajadores por CAS (contrato de administración de servicios)”, explicó al rotativo el dirigente del sindicato Gilmer de la Peña.
El dirigente aseguró que hubo una negativa al diálogo de parte de Gutiérrez, y de su adjunto, José Elice.
Walter Gutiérrez fue elegido Defensor del Pueblo en septiembre pasado por el Congreso, con votos de la bancada fujimorista de Fuerza Popular, la gobernante Peruanos por el Kambio, la centrista Acción Popular y el Partido Aprista Peruano (PAP).
Sin embargo, su designación fue criticada por sectores opositores que lo consideran cercano al fujimorismo y también luego de que anunciara que iba a variar “el enfoque de la Defensoría”, dedicado principalmente a los conflictos sociales y de derechos humanos, para “privilegiar la supervisión de la administración pública y de los servicios públicos”.
El martes, tras confirmarse la convocatoria al plantón, la Defensoría publicó un comunicado en el que aseguró que “la actual gestión viene adoptando medidas con el propósito de optimizar y racionalizar los recursos para el efectivo cumplimiento de sus funciones”.
Indicó que “una de las acciones ha sido la no renovación de un reducido número de contratos de administración de servicios (CAS), que representa un 5 % de la planilla total” acompañada de una evaluación del desempeño de las áreas de la institución.
Agregó que, ante ello, el sindicato de trabajadores “se resiste a las medidas adoptadas” y lo acusó de promover “acciones como plantones o toma de los locales institucionales, con el propósito de detener los cambios que esta gestión viene implementando”.
Tras asegurar que “la gran mayoría de trabajadores, en todas las sedes a nivel nacional, viene cumpliendo con sus funciones con normalidad”, el comunicado concluyó que “la Defensoría del Pueblo tiene como obligación prioritaria defender los derechos de todos los ciudadanos”.
