Paraguay ha ratificado su singularidad, alejándose de las tendencias recientes en América Latina. En efecto, el Partido Colorado retuvo el poder, ajeno a la ola adversa para los gobiernos; aún más, sumó la séptima victoria en ocho contiendas desde el retorno a la democracia, una marca no alcanzada por ningún otro partido. En otras palabras, lo rutinario en Paraguay constituye una excepcionalidad en la región. Para ese logro, le bastó al Partido Colorado movilizar una base leal y disciplinada –apenas aumentó sus votos con respecto a las primarias– y enfrentar una oposición dividida. Así ungió al presidente más joven del periodo democrático, el economista Santiago Peña, delfín del expresidente Horacio Cartes, jefe de la fracción mayoritaria del Partido Colorado. Su cómoda mayoría legislativa representó, asimismo, una nota distintiva.
El resultado de Guatemala fue más conforme a las líneas predominantes en el área. El gobierno encajó una derrota severa, excluido de la segunda vuelta, y la participación descendió levemente con respecto a los comicios precedentes. El electorado barajó las cartas hasta el último momento y se decantó por Bernardo Arévalo, un candidato que las encuestas apenas tenían en su radar. Tras alcanzar inesperadamente la segunda vuelta, se impuso con holgura en la ronda decisiva cuando apareció claro que las estructuras de poder deseaban impedirle competir.
Allí radicó el meollo de un enturbiado proceso, sometido a una inusitada presión desde esferas de poder fáctico, aliadas con instancias jurisdiccionales y con el gobierno, menos para promover la débil candidatura oficialista que para excluir candidaturas juzgadas amenazantes para el statu quo. Esa arremetida colocó los reflectores internacionales sobre la segunda vuelta y la fase poselectoral en las cuales el Tribunal Supremo Electoral, la comunidad internacional y la movilización social mantuvieron la postulación y la victoria de Arévalo contra los intentos por descarrilarla judicialmente. Empero, la gestión enfrenta numerosos retos, incluyendo una bancada minoritaria en el Congreso.
Ecuador también mezcló tendencias regionales con singularidades inquietantes. Con una débil gobernabilidad, el presidente Lasso quedó acorralado por la convergencia de oposiciones y ante un inminente juicio político de destitución, estrenó el mecanismo denominado popularmente “muerte cruzada”: disolver la Asamblea y convocar una elección general que también recortó su mandato. El frágil oficialismo no alineó una candidatura presidencial y la disputa se articuló alrededor del antagonismo dominante desde hace casi dos décadas: el polo del ex presidente Rafael Correa y otro, opuesto, pero fragmentado, heterogéneo y sin líder permanente. Como en 2021, el correísmo ganó la primera vuelta gracias a un sólido voto duro y logró la bancada parlamentaria más numerosa. Empero, fue superado en la segunda, ahora por Daniel Noboa, que irrumpió en la recta final de la campaña y se convierte en el presidente más joven elegido en América Latina desde la transición democrática. La sombría novedad fue la impronta creciente del crimen organizado en la vida colectiva, perceptible en la costa del Pacífico. El símbolo trágico fue el asesinato por sicarios del candidato presidencial Fernando Villavicencio, sin que las investigaciones arrojen precisión sobre el comanditario o las razones del crimen.
Argentina cerró la agenda de 2023, golpeada por la inflación, la devaluación del peso y el agravamiento de la pobreza. Tal deterioro económico disuadió a Alberto Fernández de buscar la reelección. En una carrera atípica, la candidatura de Javier Milei, antisistema, confrontativa y provocadora, desarregló las pautas tradicionales del enfrentamiento entre el peronismo y el antiperonismo, Tras imponerse en las primarias de voto obligatorio, en la presidencial alcanzó la segunda vuelta, si bien aventajado por el ministro de economía, el peronista Sergio Massa. Revirtió la desventaja en la ronda decisiva al recuperar la mayoría de los votos conservadores que habían respaldado a Patricia Bullrich en la vuelta inicial.
La contienda tuvo rasgos cada vez más comunes en los procesos electorales de la región: derrota del oficialismo; polarización sociopolítica, agravada por el ambiente agresivo en las redes sociales; inversión del resultado en la segunda vuelta y bancada minoritaria del nuevo gobierno; ataques para deslegitimar el resultado electoral.
Los datos confirmaron asimismo que el supuesto giro latinoamericano a la izquierda es, en realidad, el rechazo a los oficialismos, independientemente de su línea. Desde 2019, impulsados por la desilusión, los vientos soplan en contra de los presidentes y sus partidos, desmoronando la habitual reelección presidencial. Los votantes están frustrados con la economía, brutalmente frenada por la pandemia y con una recuperación titubeante. La crisis deterioró los indicadores sociales, se ensañó con los sectores de menos recursos y amenazó las posiciones de las clases medias frágiles. La difícil gestión del Estado en esa coyuntura mermó el crédito de los políticos, en especial de quienes gobiernan, y peor cuando estallaron escándalos de corrupción. En esas dificultades, la democracia ha perdido lustre ante los ojos de segmentos cada vez más numerosos, en particular juveniles.
Si los electores no hallan una alternativa satisfactoria en las ofertas habituales, del sistema político, se vuelcan hacia líderes u organizaciones que nunca gobernaron, incluso con trayectorias breves, y que prometen cambios significativos o, simplemente, desplazar a la impopular “clase política”. Estas tendencias se ponen en juego en el recorrido de los cinco comicios presidenciales seguros de 2024, que incluye estaciones en El Salvador, República Dominicana, Panamá, México y Uruguay, más uno, probable, pero rodeado de múltiples incertidumbres e interrogantes, en Venezuela.
