A todos los problemas del transporte público y de los transportistas ahora se agrega la creación de un ente regulador integrado por representantes de las empresas transportistas, siendo así juez y parte, ya que allí se toman las decisiones acerca de las tarifas y los subsidios.
Los transportistas aprovechan el carácter esencial del servicio para hacer abuso de poder y conseguir un trato privilegiado sin evaluaciones de los resultados. Es una vergüenza que las autoridades se sometan a los intereses particulares de un sector aprobando medidas que van en contra del bien común y de los derechos de la ciudadanía.
Como en otros ámbitos de las políticas públicas, un grupo de interés ejerce su influencia bajo sospechas de relaciones prebendarias con las autoridades de turno vinculadas con el financiamiento de campañas electorales. De otra manera no se entendería el empeño gubernamental de beneficiar a un sector que permanentemente viola derechos ciudadanos y de los trabajadores del sector.
Los subsidios públicos son pagados con el esfuerzo de los trabajadores a través de sus impuestos, quienes se ven perjudicados con los altos costos del mal servicio en horas laborales perdidas. El trabajador rinde menos, asiste en condiciones que poco favorecen al buen desempeño y se ponen obstáculos a cualquier aumento de la productividad y competitividad.
La ausencia de servicio nocturno y la falta de previsibilidad reducen las oportunidades económicas tanto para quienes buscan empleo como para quienes lo ofrecen. El mercado laboral está sumamente resentido en el sector terciario por la crisis sanitaria, que además contribuye con una parte importante del empleo. Sin embargo, la rama –transporte público– que debe funcionar bien de manera complementaria a esta expansión es justamente la que peor desempeño tiene.
Un servicio deficiente tiene además efectos negativos en la calidad de vida. Las largas horas en el tráfico para asistir a los establecimientos educativos o a los servicios de salud, la imposibilidad de disfrutar actividades deportivas, culturales o recreativas, o las limitaciones para tener vida social o familiar activa llevan a frustraciones y reducen el bienestar en las familias. Ni hablar en un contexto de pandemia y la posibilidad de contagio en los autobuses sin cumplir las medidas sanitarias vigentes.
La mala gestión de la movilidad ciudadana conlleva también altos costos ambientales. La contaminación y el excesivo consumo de energías no renovables son efectos directos. De la mano de todos estos costos está el desvío de recursos públicos hacia infraestructura para descongestionar el tráfico que generan los vehículos privados, como los viaductos y los accesos a los centros urbanos, restando recursos para otras obras que tienen mayor retorno social, como los desagües pluviales.
El Gobierno no puede continuar con el chantaje sin evaluar los resultados de las acciones realizadas y sin contar con soluciones estructurales de mediano y largo plazo para cambiar la situación. Los funcionarios públicos reciben remuneraciones pagadas con recursos de la ciudadanía. Tienen la obligación de dar respuesta a las necesidades ciudadanas por encima de los intereses particulares.