22 may. 2025

Todavía no hay fiscal en denuncia a Nenecho por irregularidades

SOBRECOSTO. Comuna compró productos con alto costo, como detergentes a G. 393.800 el litro. CELERIDAD. Opositores pidieron allanamiento a fin de evitar que los documentos sean extraviados.

Óscar Nenecho Rodríguez.

Óscar Nenecho Rodríguez

El jueves de tarde opositores presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos, luego de que se haya destapado el escándalo de la supuesta sobrefacturación de detergentes, saturómetros, toallitas desinfectantes, y otros insumos más, adquiridos supuestamente a través de “empresas de dudosa constitución”. Hasta el momento, no se ha designado fiscal en el caso.

Desde la Fiscalía expusieron que estaba en etapa de análisis, porque las denuncias que ingresan ya sea a través de la Fiscalía General de la República o en la Unidad de Delitos Económicos primero son estudiadas.

Por su parte, muchos cuestionaron que el Ministerio Público no haya abierto de oficio una investigación contra el ex intendente de la Municipalidad de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, actual candidato al cargo.

Hicieron la denuncia los miembros de diferentes partidos que integran la alianza Juntos por Asunción, como el actual candidato a titular de la Comuna capitalina, Eduardo Nakayama (PLRA), los diputados Sebastián García, Celeste Amarilla y Kattya González, el abogado Juan Galeano Grassi y el concejal Álvaro Grau.

El llamativo silencio de la Fiscalía despierta la reacción de parte de la opinión pública, que cuestiona la celeridad del Ministerio Público en muchos otros casos.

Una vez más el Ministerio Público se toma su tiempo para avanzar en la investigación de denuncias que afectan a políticos vinculados al cartismo, como en el caso del gobernador del Departamento Central, Hugo Javier, quien pese al tiempo transcurrido sigue sin ser imputado.

HECHOS DENUNCIADOS

Según documentos que fueron puestos a luz gracias a una orden judicial, se descubrió la compra de toallitas desinfectantes a un precio unitario de G. 259.600, detergentes desinfectantes a G. 393.800 el litro y detergentes desinfectantes en pulverizador a G. 221.650, supuestamente.

Una de las empresas, DFR SA, tiene contratos con la Municipalidad de Asunción y se le adjudicó la compra de elementos de limpieza a precios muy elevados, lo cual llamó la atención y fue uno de los principales cuestionamientos en la denuncia. El representante de la empresa es David Fernández Rachid, sobrino del ex senador colorado Bader Rachid Lichi.

La Comuna adquirió 200 litros de detergente desinfectante Alka DDS, 125 paquetes de toallitas desinfectantes Septalkan y 125 unidades de detergentes desinfectantes en pulverizador Surfalkan SH.

Los denunciantes consideraron como “groseras” las sobrefacturaciones en la compra “a través de empresas de dudosa constitución y que en varios de los casos han sido desautorizadas de manera pública por los representantes oficiales de los productos supuestamente adquiridos por la Municipalidad de Asunción desde el mes de marzo de 2020 en adelante”, sostiene la denuncia.

Se denunció a Nenecho y a los funcionarios municipales y representantes de empresas privadas que se confirme hayan participado en estas compras de materiales, insumos y productos de limpieza, durante la emergencia sanitaria.

Se denunció por estafa, lesión de confianza, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Se determinó que “varios de los productos eran de origen francés y que poseen representantes que han negado haber vendido insumos a las empresas que finalmente terminaron intermediando en la venta y provisión, situación llamativa que debe abrir una investigación”.

La empresa Bastián Comercial fue otra de las proveedoras que supuestamente vendió a la Comuna capitalina detergentes de G. 390.000. Según la denuncia, esa firma opera en un precario local ubicado en el Mercado Nº 5 y que ciertamente sus empleados alegan que son proveedores de la Comuna.

Los miembros de la alianza opositora recordaron que el país está en situación histórica y las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Se espera, por tanto, celeridad de parte del Ministerio Público para allanar la Municipalidad, “ante el temor de que los documentaciones puedan ser extraviadas”.