Tras el visto bueno institucional, el documento que pasó por el estudio previo de varias instituciones tuvo media sanción y se remitió con modificaciones al Senado.
Cabe recordar que la iniciativa había sido aprobada en general y ayer la Cámara abordó el articulado, dejando expreso en el artículo tercero que las condiciones de aplicabilidad la dispondrá el juez, y pagarán los beneficiarios que puedan costear que se le implemente el sistema de vigilancia. El Estado costeará a los que sean insolventes.
En este aspecto, la diputada Rocío Vallejo también explicó que la medida podrá ser aplicada tanto al condenado como al procesado.
Subrayó que en el caso de la insolvencia existen requisitos que el encauzado debe presentar que son dos testigos y una declaración jurada.
Se consensuó además que en caso de rebeldía, existe la revocatoria de la medida y el beneficiario puede volver a prisión.
“La medida puede ser dejada sin efecto en cualquier momento por el juez que la dictó, cuando el beneficiario incumplan las reglas impuestas por la resolución respectiva (...) y no podrá volver a ser beneficiado con la misma medida de vigilancia”, reza el documento.
El diputado Derlis Rodríguez aseguró que la medida significará un ahorro puesto que hoy día cada preso “cuesta al Estado G. 2 millones mensuales”.
