El presidente de la Cámara de Diputados, el liberal Juan Bartolomé Ramírez, manifestó ayer que no responderá el pedido solicitado hace más de tres meses por el diario Última Hora sobre la nómina de funcionarios nombrados, contratados y comisionados de la institución.
En rueda de prensa, Ramírez informó que el sindicato de funcionarios de la Cámara le pidió que no se revelen sus datos. Mencionó el artículo 5º de la Ley 1682/01, que señala que los datos de personas físicas o jurídicas individualizadas que revelen, describan o estimen su situación patrimonial, su solvencia económica o el cumplimiento de sus obligaciones comerciales, podrán ser publicados o difundidos solamente: a) Cuando esas personas hubiesen otorgado autorización expresa y por escrito para el efecto.
Sostuvo que si bien se menciona el artículo 28 de la Constitución referente al acceso a la información pública como garantía constitucional, la misma no está reglamentada.
Indicó que él (Ramírez) está obligado a informar sobre los funcionarios a la Secretaría de la Función Pública, a la Contraloría y a Hacienda, no así a los medios de comunicación ni a la ciudadanía, al insistir que “está cumpliendo la ley”.
Pidió que se le señale dónde viola la ley. “El derecho privado y los límites no son censuras”, señaló.
Al ser consultado si por qué ahora niega información que respaldó en el 2005 siendo vicepresidente de Diputados, señaló que allí no vivieron el episodio de una negativa del funcionariado.
Sin rubor, el titular de Diputados señaló que la frase de que el interés general está por encima del interés particular “es abstracta”. “Si vamos a tomarnos de esa frase es muy general; acá el interés general prima”, declaró.