36 mujeres paraguayas fueron víctimas de feminicidio en 2019. Mayra González es el último de los nombres que se agrega a las estadísticas. En este reportaje cedemos la palabra a dos mujeres que fueron objeto de violencia y que hoy pueden contar sus historias.
Gloria. Gloria Zapattini es arquitecta y dirigente de la organización Yo te creo, una organización de mujeres de sobrevivientes víctimas de violencia intrafamiliar. Ella sufrió una grave lesión en la cervical, y como consecuencia usa muletas canadienses.
“Lo que a mí me sucedió hace 21 años, fue muy grave, fue una pesadilla; en mi caso no fui yo solamente la sobreviviente de violencia, sino también mi hijo, quien tenía 8 años, y que ahora va a ser médico, le falta poquitito; y mi hija, de 3 años, que falleció”, inicia su relato Gloria.
Gloria señala que “se necesita un equipo multidisciplinario para levantar a una persona que fue víctima de violencia grave y eso es carísimo”.
El proceso de la violencia no termina con la denuncia –reconoce la activista–, ya que ahí comienza otro tipo de violencia, la institucional. “El sistema judicial no es amigable”, sostiene.
Precisamente sobre el tema, Gloria sugiere mejorar la formación de los oficiales de Justicia, y formar a los policías, pues –como dice– las mujeres deben estar apoyadas y sentirse protegidas por el Estado; y que la Justicia sea justa para las mujeres víctimas de violencia”. También deja un mensaje a las mujeres: “Que se amen a sí mismas, que sepan que son valiosas, que no permitan ningún tipo de violencia y que si una cede un paso, el agresor va a seguir”.
NATALIA. Natalia Ávalos mantuvo una relación durante seis años con el político colorado Juan Víctor Molas Turo; después de ser víctima de agresiones físicas, lo denunció por violencia intrafamiliar.
La fiscala Ana Girala había argumentado en su pedido de desestimación que no se podría tratar el hecho denunciado, ya que víctima y victimario tenían una relación extramatrimonial. Natalia es también víctima del sistema.
La primera vez, su ex pareja le dobló el brazo. “Casi me rompió el brazo, yo sentí el dolor y le dije ‘por Dios me vas a sacar el brazo’, porque él no medìa su fuerza. Después, al día siguiente, él me trae un peluche de regalo”.
En otra oportunidad, Natalia fue a hacer cambio de aceite de su vehículo y él fue a buscarla, metió la mano dentro del auto y le agarró del brazo. “Yo veía que la gente pasaba frente a mí y nadie era capaz de ver lo que me estaban haciendo, tampoco podía gritar; no podía hacer nada”.
El círculo de la violencia fue creciendo, hasta que un domingo en la mañana cuando Juan Víctor Molas llegó a su casa, tocó el timbre y cuando ella entreabrió la puerta él la empujó y le dio tres cachetadas. “Traté de que se calme y empieza a gritarme: ‘De dónde venís, puta de mierda’; y yo que me estaba levantando, trato de escaparme, subirme a mi habitación. La gente va a pensar que vino y me dio una trompada por la cara y que terminó ahí. No, nadie sabe el calvario que yo viví ese día”.
Posteriormente, el agresor le siguió, le empujó sobre la cama e intentó asfixiarla.
“En un momento dado, comienza a pegarme por la cara, después me arrastra del cabello y me da un golpe de puño –ahí es cuando me desfigura el rostro– y me dice, ‘para que aprendas a respetarme, perra de mierda, y me deja tirada en el piso”.
Desde el 2017 Natalia ha soportado las idas y vueltas del sistema de Justicia, y de momento espera una resolución de la Corte Suprema, sobre el fallo que archivó el proceso.
No solamente se duda de las mujeres que denuncian haber sido objeto de violencia. No solo es revictimizada en cada parte del largo proceso, sino que además, durante el proceso, vuelven a ser víctimas de la morosidad judicial. En este aspecto, hay un caso bien emblemático, el de Sabryna Breuer Rodríguez Alcalá, quien fue hallada muerta en la mañana del 17 de diciembre de 2017, por su esposo Gerardo Stadecker, en el vestidor de su vivienda. Su proceso ya lleva casi dos años y aún no se hizo la audiencia preliminar.
“El sistema educativo debe incluir contenidos sobre la igualdad y los derechos sexuales”
Clyde Soto, investigadora del Centro de Documentación y Estudios, señala que todos los poderes del Estado deberían propiciar que las personas que están en riesgo de sufrir violencia, o sufren violencia, tengan la atención adecuada, puedan recurrir a la Justicia y a los servicios de atención.
“Creo que hay una tarea que debe ser integral, sobre todo no se puede abordar el problema de la violencia solo desde la Justicia o solo desde las instancias de servicio”.
Sostiene que, cuando hablamos de la prevención, se habla principalmente del sistema educativo, que debe incluir contenidos referentes a igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos al derecho a una vida libre de violencia, “y cuestiones que incluso hoy en día están en el centro del debate ciudadano porque hay sectores que se oponen a que estos contenidos se desarrollen como parte de la educación integral, que toda niña, que todo niño y adolescentes deben poder recibir en las instituciones educativas”.
Clyde reconoce que detrás de un feminicidio existen múltiples factores: hay complacencia ante la violencia, el dominio y el ejercicio del poder; así como también una sociedad “que no ha reflexionado sobre esto, y que considera que la reflexión feminista, por ejemplo, es un peligro antes que una posibilidad de afrontar este tipo de situaciones que generan desigualdad y sufrimiento”.
