El contrato firmado por la Municipalidad de Asunción y el Consorcio TX Panamá para la tercerización del sistema de gestión y cobro de impuestos viola la Constitución Nacional y la Carta Orgánica municipal, según la Contraloría General de la República (CGR). La institución se ratificó ayer en que la ejecución del contrato debe frenarse hasta tanto la Corte defina una acción de inconstitucionalidad sobre el tema.
El ente contralor emitió el miércoles un dictamen técnico y otro jurídico que aconsejan la suspensión de la tercerización, alegando que detectó diversas irregularidades en el contrato y en el proceso licitatorio previo.
“La aplicación del sistema de gestión tributaria, incluso la determinación del quantum del impuesto a ser cobrado, lo realizará una empresa privada y extranjera. Sin embargo, esas funciones son específicas de la Municipalidad, que por ordenanza anual es la que delimita el monto del impuesto inmobiliario para el siguiente ejercicio fiscal. Las funciones delegadas en el contrato no están autorizadas por la Carta Orgánica municipal y por la propia Constitución”, aseguró ayer Elizabeth Del Pozo, directora de área de la Dirección Jurídica de la CGR.
“El 22,75% es el monto que será abonado por los servicios a la empresa consultora. ¿De dónde resulta el 22,75%? De la diferencia entre el monto que el ciudadano actualmente paga en concepto de impuesto inmobiliario y el que resultará luego de la gestión del consorcio interesado, porque son ellos los que establecen las bases, condiciones, parámetros para la fijación de impuestos”, añadió.
Asimismo, la funcionaria recalcó que hay una indefinición de la naturaleza jurídica del contrato y recordó que, en teoría, el mismo debía ejecutarse en junio de este año, pero aparentemente aún no se hizo. Sobre el punto, señaló que de confirmarse esto podría existir algún tipo de incumplimiento por parte del consorcio.
“Existen varias formas de darse una intervención, una de ellas a pedido de la propia Junta Municipal. Entiendo que esto (los dictámenes) puede servir de base documental para que la Junta tome algún tipo de acción en ese sentido”, concluyó.
Parar esto de golpe y porrazo tendría efectos muy delicados en lo técnico y económico. Juan Carlos Ramírez Montalbetti, director Asesoría Jurídica
Nuestros dictámenes pueden servir de base documental para algún pedido de intervención de parte de la Junta. Elizabeth Del Pozo, Dirección Jurídica CGR.
Temen perjuicios si suspenden ejecución de gestión tributaria
Al expresar su sorpresa por el dictamen de la Contraloría de la República –que recomienda suspender la ejecución de la gestión tributaria–, el director de Asesoría Jurídica de la Comuna capitalina, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, advirtió que ello puede tener consecuencias negativas para la institución municipal.
Señaló que “sorprende porque en agosto del 2018, el ente contralor emitió dictamen diciendo que el proceso era regular, adecuado a normativas internas del país y porque no encontramos en las denuncias que se han hecho ante la Contraloría hechos nuevos que justifiquen la medida que nos propone ahora”.
Resaltó que los técnicos del Municipio tendrán que aclarar si en este momento de migración de sistemas informáticos se podría dar esa suspensión, qué daños causaría al proceso. “Una cosa es un proceso que no se ha iniciado o uno que ha terminado. Pero ahora estamos a mitad de camino. Es cierto que hay dificultades, pero se solucionan en cada caso. Lo sistemas se están armonizando”. Agregó además: “No sé si se puede cortar así un procedimiento informático de este volumen, porque es gigantesco. Pero insisto en que los técnicos deben aclarar eso”, agregó.
Finalmente, Ramírez Montalbetti garantizó que la base de datos de los contribuyentes asuncenos no serán entregada al Consorcio TX. “No hay posibilidad de que la empresa se quede con la base de datos, de ninguna manera”, concluyó.
Fallo en caso Parxin
Para antes de fin de año se tendría el fallo del laudo arbitral sobre la demanda entre la Comuna capitalina y Parxin por la fallida implementación del estacionamiento tarifado, señaló el asesor jurídico Juan Carlos Ramírez Montalbetti. El monto en juego ronda los USD 5 millones.
