Es la última instancia para proteger la producción de la agricultura familiar campesina, la primera es la provisión de semillas híbridas, seguida de la tecnificación de sus cultivos, capacitación y la garantía de un comercio justo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería cumplió con algunos de estos pasos, pero su capacidad de alcance es de apenas el 35% de los pequeños productores, sin contar que existe un subregistro.
En cuanto a las semillas, todas son importadas, la convencional sirve más bien para el autoconsumo, mientras que la híbrida es la de mayor demanda para la renta. Mientras tanto, Brasil y Argentina trabajan con sus propias semillas, la buena genética les ayuda no solo a abastecer su mercado, sino a exportar los remanentes.
Pero ahora que no están ingresando los productos desde esos países es un buen momento para los tomateros que sí pudieron invertir en invernaderos, donde se consigue un tomate de buena calidad y en cualquier época del año. En sus fincas están recibiendo alrededor de G. 5.000 por cada kilo, lo que significa todo un éxito en comparación a los G. 2.000 que les estaban pagando los intermediarios en agosto del año pasado, situación que despertó una gran movilización en Caaguazú.
Pero el otro lado están los pequeños productores que venían exponiendo desde el 2017 un insostenible problema financiero debido a la pérdida de su producción por la sequía y la imposibilidad de honrar estos compromisos. Varios desistieron del rubro del tomate y otros volvieron a apostar por este cultivo, pero al no poder comprar todos los insumos agrícolas, consiguieron un bajo rendimiento de la planta y una calidad cuestionada por el consumidor final, que ignora todo el proceso de producción y la falta de un plan integral que favorezca al productor y como efecto, también a su bolsillo.
También está un tercer grupo, el que ni siquiera llegó a ver los frutos esta temporada, pues una plaga destruyó toda la producción y la asistencia llegó ya para analizar las drásticas consecuencias.
Proyectos. Hace un mes el Gobierno revivió el proyecto de Merkaaguazú, donde se habían invertido unos USD 1,5 millones desde el 2010. La estructura debía servir como centro de acopio para garantizar un negocio justo para las familias productoras, priorizando a aquellas que están el Programa Tekoporã y a comunidades indígenas del Departamento de Caaguazú, pero el proyecto nunca funcionó.
Originalmente estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, pero hace un mes cambió de dueño, el MAG, que anunció una nueva inversión de USD 9 millones en el lugar, pero los agricultores de la zona no terminan por dar credibilidad a una vieja promesa.
En el marco de soberanía alimentaria, también se decidió aumentar la cantidad de huertas de autoconsumo, que si bien benefició a 50.000 familias, aún no se puede hablar de la sostenibilidad del proyecto y de rentabilidad mucho menos, ya que ni siquiera es la esencia del plan.
Una tercera iniciativa es la creación del Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina, que ya cuenta con una reglamentación, pero carece de presupuesto. Desde el MAG anunciaron que se reordenará la casa, principalmente desde la Dirección que actualmente debe atender a los pequeños agricultores, para ajustar el presupuesto para el próximo año.
Solo la denominación de esta nueva dependencia ya significa un gran compromiso con un sector específico de la sociedad y la separa de los grandes sectores favorecidos.
