Para miembros del Frente Guasu, en coincidencia con organizaciones campesinas, el proyecto que busca penas severas para las ocupaciones irregulares de tierras es un instrumento para criminalizar la lucha social.
Así lo manifestó el senador luguista, Jorge Querey, quien sostuvo que el documento refleja claramente el propósito de legitimar tierras malhabidas. “Indudablemente primero hay que comprender que elevar las penas carcelarias de una expectativa de 2 a 4 a más de 6 y diez años tiene un fin. El objetivo de esto es poder meter presas a las personas procesadas y no solamente eso, sino que incluso, se impone ya un castigo, aunque sea un proceso en curso violando la presunción de inocencia que garantiza la Constitución”, refirió.
Dijo que si el Senado procede a la aprobación estaría abriendo la caja de Pandora a un inminente estallido social.
“Hay 940 casos denunciados y la Fiscalía pidiendo desalojos, mientras que si multiplicamos que hay entre 80 y 100 familias por cada casos, hablamos de miles de personas afectadas”, alertó.
Asimismo, dijo que esta problemática debe dejar de abordarse desde el punto de vista penal, para tratarla como el resultado de la grave desigualdad del país.
“Este no es un problema criminal, sino un problema social, no solamente eso sino que indudablemente un particular demuestre con título en mano su propiedad, desde luego que le corresponde reivindicar ese derecho a esa su propiedad privada. Pero en muy pocos casos se muestran títulos reales y son más los que muestran títulos falsos”, refirió.
PRUDENCIA. Mencionó que debe primar la cordura a la hora del tratamiento, puesto que si se acepta se estaría ante la posibilidad de “incendiar la confrontación social”, en vez de que el Estado busque mediar en la solución.