La decisión del tribunal de segunda instancia también dejó sin efectos la multa por 8 millones de reales (unos 2,5 millones de dólares) que un juez de Sao Paulo le había impuesto a la Gobernación regional como indemnización por daños colectivos por la violencia excesiva de la Policía en la represión de las protestas.
La sentencia y la multa suspendidas fueron impuestas en octubre pasado por el juez décimo de Hacienda Pública de Sao Paulo, Valentino de Andrade, en un proceso abierto por el Ministerio Público para intentar reducir la violencia con que la Policía usualmente reprime manifestaciones en este estado brasileño.
El proceso fue impulsado tras las denuncias de violencia policial en las multitudinarias manifestaciones que se registraron en Brasil en 2013 y por casos de personas que perdieron un ojo o sufrieron graves heridas tras ser impactados de balas de goma en protestas.
Además de prohibir que los policías utilicen las balas de goma para reprimir o dispersar manifestaciones, el magistrado de primera instancia también restringió el uso de otras armas no letales, como gases lacrimógenos o bastones extensibles, a situaciones “excepcionales” como en el caso en que “la manifestación pierda totalmente su carácter pacífico”.
Pero los magistrados del Tribunal de Justicia de Sao Paulo consideraron que las restricciones a la Policía amenazan la seguridad pública.
De acuerdo con el magistrado Paulo Dimas Mascaretti, el relator del caso, la suspensión de la sentencia es necesaria ante “la potencialidad lesiva de la decisión para los intereses públicos consagrados en la ley, como el orden, la salud, la seguridad y la economía públicas”.
El Ministerio Público anunció que presentará un recurso ante el tribunal por considerar que esta decisión le da carta blanca a la Policía para actuar de forma indiscriminada contra los manifestantes.
Según la organización no gubernamental Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), la Policía de Sao Paulo es una de las más violentas del país.
De los 3.345 homicidios dolosos atribuidos a policías el año pasado en todo Brasil, 1.493 (45 %) fueron responsabilidad de agentes de los estados de Sao Paulo y de Río de Janeiro.
