Según determinó el magistrado Ricardo Lewandowski, la Fiscalía deberá pronunciarse, y abrir eventualmente una investigación, sobre unas declaraciones de Bolsonaro en las que exigió la divulgación de los nombres de los funcionarios que recomendaron la aplicación de la vacuna anti-Covid a niños de entre cinco y once años. La vacunación infantil fue respaldada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) el pasado 16 de diciembre, cuando sus técnicos aprobaron la elaborada por la farmacéutica Pfizer para esas edades.
En una transmisión en directo por sus redes, Bolsonaro, uno de los mandatarios más negacionistas, exigió los “nombres” de quienes aprobaron la vacuna. “Yo pedí, extraoficialmente, el nombre de las personas que aprobaron la vacuna para niños a partir de 5 años. Queremos divulgar el nombre de esas personas para que todo el mundo tome conocimiento de quiénes son esas personas y, obviamente, formen su juicio”, dijo.
ABUSO DE PODER. Por esas declaraciones, el diputado socialista Reginaldo Lopes presentó una denuncia al Supremo acusando a Bolsonaro de “intimidar” a los funcionarios de Anvisa, lo cual también implicaría el delito de “abuso de poder”.
Tras la aprobación de Anvisa a la vacuna infantil, el Gobierno aún no ha decidido si aceptará la recomendación y hasta ahora solo abrió una “consulta pública”, a fin de que cualquier interesado, al margen de su conocimiento científico, opine sobre el asunto. Según Marcelo Queiroga, el Gobierno prevé decidir sobre el asunto alrededor del 5 de enero, pues a su juicio “no existe prisa” para vacunar a los niños.
Queiroga declaró además que la muerte de niños por causa del Covid en Brasil está en “niveles aceptables”, lo cual generó indignación en asociaciones médicas, que ya registraron unos 2.500 decesos de menores de once años por el virus. Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia y, hasta ahora, acumula más de 618.000 muertos. EFE