“Tenemos una inmensa responsabilidad, volver a la arena en condiciones difíciles junto a una gran cantidad de jóvenes que aspiran a seguir construyendo y luchando por lo que hicieron los que murieron”, explicó a Efe la líder de la UP, Aída Avella.
La dirigente reconoció que el miedo sigue presente, en especial en las zonas rurales, donde mataron de forma selectiva y sistemática a miles de integrantes de la UP desde 1986, cuando se fundó, hasta los años noventa del siglo pasado.
A las elecciones locales y departamentales del próximo 25 de octubre concurrirá la UP después de doce años sin participar en unos comicios de esta naturaleza, y lo hará en 25 de los 32 departamentos con candidaturas propias o en coalición.
En total aspiran a seis gobernaciones, 75 alcaldías, 113 concejos municipales y 91 juntas administradoras locales.
Para poder constituir las listas han tenido que afrontar lo que Avella considera una severa falta de garantías, “porque aún siguen dando bala”.
La líder, que estuvo 17 años en el exilio antes de regresar en 2014 a Colombia como aspirante presidencial, está convencida de que aún hay fuerzas oscuras que alientan la violencia contra ellos.
A su juicio, el Gobierno debe asumir el compromiso de garantizar la seguridad; también “preguntar a los industriales si siguen financiando parte de la guerra sucia” y exigir al sector más hostil del Ejército que se defina con claridad.
También al derechista Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, que, a juicio de Avella, “siempre ha estado al lado de ellos”.
De esa mezcla de juventud y veteranía que tienen las filas de la UP, Avella destaca a Imelda Daza, candidata a gobernadora del Cesar (norte), una de las regiones más afectadas por el conflicto armado que azota Colombia desde hace más de medio siglo.
Daza, que estuvo exiliada durante 23 años, ejemplificó la nueva etapa que vive Colombia cuando se fundió el pasado agosto en un abrazo con su contrincante del Centro Democrático, Sergio Araújo.
Una imagen que escenifica esa nueva Colombia, pues la UP nació en tras un acuerdo del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) con las FARC, por lo que incluyó a izquierdistas que tras el genocidio tomaron las armas de nuevo, mientras que el Centro Democrático ha sido cercano a la ultraderecha que defendió en los noventa el paramilitarismo.
El proceso de paz puesto en marcha por el presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la aspiración de iniciar un diálogo similar con la segunda guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), son indicios también de que Colombia hoy es otra cosa.
Un primer paso se dio en 2006 con la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en un proceso del que, sin embargo, han surgido bandas criminales que mantienen poder en algunas regiones.
Precisamente de los paramilitares, con la colaboración de algunos agentes del Estado, vino buena parte de las agresiones que terminaron con la muerte de miles de compañeros de Avella.
“Hay que reconocer que las cosas han cambiado, ahora podemos hablar con los altos mandos del Estado y plantearles nuestras inquietudes”, destacó la dirigente.
Aún así, los nuevos militantes y dirigentes de la UP no aceptan escoltas militares o policiales, prefieren gente de su confianza y “en casos de mucho peligro” se mueven en vehículos blindados.
La líder de la UP insiste en que Colombia “debería ser un país donde la gente pueda caminar sin miedo de perder la vida”, al aclarar que tan sólo un policía, que abre paso en el tráfico, forma parte de su cinturón de seguridad.
No en vano, muchos de sus compañeros fueron asesinados en retenciones de tráfico y ella misma sobrevivió a un ataque cuando se encontraba en su vehículo, según recordó a Efe, lo que le obligó a exiliarse en Suiza en 1996.
El miedo sigue presente porque, argumentó, miembros de la UP están siendo vigilados en las regiones. Por eso hizo hincapié en que “no se han tomado las medidas de seguridad suficientes”.
Por Gonzalo Domínguez Loeda
