Subsidios deben ser efectivos, transparentes y equitativos

Los subsidios constituyen una herramienta de política económica que los Estados utilizan para cumplir con los planes de desarrollo, pero como cualquier herramienta, deben tener objetivos claros y susceptibles de ser evaluados sistemáticamente, deben ser transparentes en los montos y en quienes los reciben. El sector público debe contar con evaluaciones de todos ellos, sean explícitos, implícitos, directos o indirectos, y lo más importante, deben conocerse sus resultados y sus costos de oportunidad. Es decir, la ciudadanía debe conocer los beneficios y si estos fueron suficientes frente a los costos.

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Los subsidios no son buenos o malos en sí mismos, depende de su uso, cuánto cuestan, a quiénes beneficia y quiénes lo pagan. En los últimos años se han visibilizado algunos, ya que están presupuestados y es posible cuantificar el esfuerzo fiscal y conocer quiénes los reciben.

Sabemos cuánto cuestan los programas de transferencia como Tekoporã y la , conocemos los requisitos de acceso, se cuelgan las listas en las páginas web del sector público, existen evaluaciones de todo tipo. Anualmente se puede saber cómo se benefician los receptores y cuánto aportan a la reducción de la pobreza ya que hay disponible. También podemos saber si hay desviaciones de los objetivos gracias a esta misma información.

De otros subsidios sabemos mucho menos, como el del subsidio al transporte. En este caso conocemos el monto, pero no se tiene de manera fácil y transparente la lista de empresas beneficiadas y las condiciones que les permitieron acceder al beneficio. Menos aún se tienen evaluaciones.

Hay muchos otros todavía menos conocidos. Más recientemente se empezó a publicar el monto total del denominado , es decir, cuánto deja de recibir el Fisco debido a regímenes especiales que permiten que ciertos sectores o ciudadanos reduzcan o posterguen su pago de impuestos. Tampoco hay informes sobre los resultados de las medidas para favorecer a las empresas paraguayas en el sistema de contrataciones públicas. No se sabe nada de su eficiencia, impacto y equidad.

En estos casos la ciudadanía en general no conoce los objetivos de cada uno de estos beneficios que constituyen subsidios implícitos. Ninguna de las instituciones con competencia en los mismos provee información sobre el desempeño de los diferentes instrumentos que conforman la política de incentivos.

El objetivo primero y final de los subsidios debe ser el desarrollo del país y el bienestar de la población, y esto debe ser transparentado sistemáticamente con evidencia empírica rigurosa que demuestre su efectividad y equidad.

La efectividad se refiere a la conjunción de bajos costos con alto impacto. Es decir, no solo tenemos que conocer los costos de la medida y si tuvo los efectos esperados, sino también si había otras alternativas más baratas para obtener los mismos resultados.

Pero, además, debemos saber quién paga los costos y cómo se financia la medida. En cualquier caso, con un sistema tributario injusto como el que tenemos, basado en impuestos indirectos, siempre habrá que considerar que el peso relativo de una política recaerá en los estratos de ingresos medios y bajos.

En estas circunstancias, el Ministerio de Hacienda como responsable de la política fiscal debe avanzar en mejorar sustancialmente la institucionalidad dirigida a transparentar y evaluar el uso de los recursos públicos, y especialmente los subsidios, sean explícitos, directos o implícitos.

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