La normativa provino del Senado, presentada por Kencho Rodríguez, del Frente Guasu, pero en Diputados fue modificada, por eso volvió a Cámara Alta. El cambio agregado fue que en lugar de usar el dinero de los gastos reservados de la Presidencia de la República sea utilizado el del Ministerio del Interior.
La propuesta fue apoyada por cartistas, oficialistas y parte de liberales. Tuvo rechazo de sectores de la oposición de partidos pequeños y algunas bancadas del PLRA.
El diputado liberal Carlos Silva dijo que no se puede aprobar el proyecto sin conocer la rendición de cuentas de los gastos reservados, o una evidencia de que se necesita más dinero en recompensa para motivar a los informantes. “Esto es apelar al chisme, porque da evidencia de que no tenemos más cómo conseguir información”, reclamó.
El cartista Raúl Latorre consideró el proyecto importante como una forma de dar más herramientas para incentivar a los pobladores a brindar datos, que es una situación que puede arriesgar incluso la vida.
La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), insistió en que se necesita más información para aprobar una ampliación así, ya que no se tiene prueba alguna de que las personas hablarán si se aumenta la recompensa.
En tanto que Bachi Núñez, de Honor Colorado, sostuvo que el proyecto es positivo y que es necesario dar una señal desde la Cámara de Diputados.
El liberal Celso Kennedy también apoyó la propuesta alegando que el monto actual no es suficiente.
Por su parte, Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ), aclaró que no está en contra de la norma, sino que considera que primero se debe escuchar a los encargados de seguridad para saber si realmente es necesaria una ampliación para las recompensas, o si lo que se necesita es una inversión en equipamientos.
El liberal Édgar Acosta respondió que si a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) no le interesan los fondos para recompensa, el Poder Ejecutivo podrá vetar el proyecto, sin embargo, aclaró que desde su punto de vista es necesaria la aprobación.
Para la liberal Celeste Amarilla, los que deben definir si se necesita o no motivar con dinero a los informantes son las autoridades de seguridad y no un senador.
En el mismo sentido opinó el liberal Sergio Rojas, quien afirmó que el proyecto no es serio y que apoyaría si se tratara de comprar tecnología o si el ministro del Interior diera una postura a favor.
Finalmente, el cartista Derlis Maidana insistió en que la única forma de incentivar a las personas a colaborar con encontrar a los secuestrados es aumentando presupuesto.
LAS CIFRAS
1.000 millones
de guaraníes es la recompensa actualmente por dar información sobre secuestrados por el EPP.
7.000 millones
de guaraníes es el monto que quieren alcanzar como recompensa para informantes sobre tres secuestrados.