La decisión se tomó con 11 votos a favor y 10 en contra tras una breve sesión realizada por la Subcomisión, que preside la legisladora opositora Lady Camones.
Con la aprobación del informe final de la denuncia contra Castillo en la Subcomisión, el documento será ahora enviado a la Comisión Permanente, que deberá analizarlo en los próximos días antes de decidir si autoriza su eventual debate y votación en el pleno. El informe fue sustentado el lunes pasado por el congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, quien sostuvo que Castillo declaró en enero de este año a la cadena internacional CNN que “es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía” sobre esta posible medida que, según sostuvo, “pone en grave riesgo la integridad de la nación”.
Señaló, en ese sentido, que las manifestaciones de Castillo son susceptibles de reproche y recordó que según el artículo 118 de la Constitución peruana, el presidente tiene por función dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales, por lo que consideró que afectó la soberanía nacional. Bazán dijo, además, que con esta acusación no se busca sancionar en ningún momento el delito de opinión, sino determinar si en su condición de tal, (Castillo) transgredió la Carta Magna.
El debate del informe, elaborado por el congresista Wilson Soto, comenzó el mismo lunes en la Subcomisión, pero luego fue suspendido porque la Comisión Permanente notificó que se habían producido cuatro cambios en los integrantes de la Subcomisión. Tres de los legisladores cambiados fueron del partido centroderechista Acción Popular y una del partido marxista Perú Libre, en este caso la legis-ladora Kelly Portalatino, quien la semana pasada fue nombrada ministra de Salud.
Bolivia perdió su acceso al Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición. El presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García (2006-2011), que renovó, por un periodo de 99 años.