La ministra explicó que con la norma se busca enfatizar la compra eficiente desde el Estado. “Hoy todas las compras públicas tienen que basarse en el menor precio posible, eso hace también que muchas veces nosotros estemos comprando mal, no mirando la calidad y la eficiencia”, manifestó Casco.
La propuesta también establece la reserva de las compras del Estado para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), lo que significa que las instituciones públicas, en un 20%, tendrán que comprar de las Mipymes, de manera gradual, para que estas vayan evolucionando y haciendo el ejercicio de presentar ofertas en las licitaciones. Una vez aprobada, la norma, que consta de 162 artículos, eliminará la ley 2051/De Contrataciones Públicas.
Ejemplo. Casco enfatizó que hoy las compras públicas tienen que basarse en el menor precio, sin mirar la calidad y la eficiencia. Como ejemplo, en el caso de compras de vehículos para el Estado, las instituciones se ven obligadas a comprar lo más barato, “sabiendo inclusive que lo más barato tiene un costo de mantenimiento más elevado, y una vida útil más corta”.
Igualmente, el proyecto incluye una etapa de planificación, corrigiendo lo que hacen actualmente las instituciones públicas, que año a año solicitan presupuesto e incorporan inicialmente las compras, “sin tener realmente el análisis de la necesidad de la compra”. “En la etapa de elaboración del presupuesto ya vamos a pedir a las instituciones eficiencia y que planifiquen mejor su compra”, explicó la titular de la STP.
Agregó que la nueva norma considera a la compra pública como una política económica, buscando un proceso completamente en línea, con un registro de proveedores diferente, incluyendo los antecedentes, lo que permitirá identificar a los malos proveedores; además de un registro de los compradores.
La Cámara Baja introdujo modificaciones al proyecto de ley pero indicaron que no cambia la esencia de la norma. El plan, que pretende mejorar la eficiencia de las compras públicas, vuelve al Senado.
Hay falencias que perjudican a las empresas, sostiene Capaco
El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), ingeniero Daniel Díaz de Vivar, sostuvo que el proyecto de ley aprobado por Diputados contiene varias falencias que perjudican a las empresas. Por un lado, no contempla el pago de intereses por deudas con las empresas contratadas, un problema que hoy se tiene con el Ministerio de Obras Públicas y las constructoras.
También piden que se establezca la paralización de obras por las deudas impagas. “Hoy (las empresas) no están amparados por la ley aunque no se les pague por la obra (...). No hay espalda o bolsillo que aguante”, reclamó Díaz de Vivar. También indicó que hay proyectos que sufren modificaciones y alteran los planes económicos. “Un caso es el de Tres Bocas, donde la contratista no puede avanzar como quiere porque no están finiquitadas las indemnizaciones, y se producen gastos improductivos”, señaló.
También protestó porque la nueva ley, además de sancionar a un proveedor, sanciona a las empresas ligadas al condenado, aunque éste apenas sea dueño mínimo de la empresa. “Puedo ser 1% dueño de una empresa, y si mi empresa es sancionada por algún motivo tampoco la empresa donde soy 1% dueño podrá contratar con el Estado por la sanción que me afecta. Es ridículo”, cuestionó.