20 feb. 2026

Sostienen que HC atenta contra sus propias leyes

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Oposición. La diputada Johanna Ortega, junto a Raúl Benítez, en una de las sesiones.

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La diputada Johanna Ortega mandó al frente al bloque de Honor Colorado (HC) por atentar contra las leyes que el sector promueve.

Fue en relación al pedido de una sesión extraordinaria de la Cámara Baja para tratar modificaciones a la ley de Alianza Público Privada (APP).

A su criterio, este pedido constituye la prueba de que el gobierno actual apela a todas las herramientas en vista de metas no alcanzadas.

Alegó que se llega al colmo de que “el cartismo busca modificar leyes del cartismo”, recordando que APP tuvo su origen durante el mandato de Horacio Cartes.

Agregó que el Gobierno está apelando a una batería de proyectos como el de Alianza Público Privada, cuya modificación se quiere hacer en función del nuevo contexto, en que el cartismo está tratando de “flexibilizar” todo y no solo el salario mínimo.

“Las propias modificaciones que quieren tratar en una extraordinaria, que voy a entrar a estudiar porque no tuvimos audiencias públicas ni nada porque estamos en receso, es un intento de modificar una ley”, indicó.

“Es el cartismo modificando una ley del cartismo; de una ley que nunca funcionó porque cuando se aprobó cuando Horacio Cartes era presidente, ya venía con el relato de que era para atraer inversiones”, apuntó.

Para la modificación que se plantea en la ley de APP, Ortega no abriga muchas esperanzas y vaticina que los cambios formarán de nuevo parte de un esquema, que el gobierno hace al no poder hallar fórmulas para levantar la situación económica.

“Creemos que es parte del intento de construir básicamente lo mismo, como respuesta a metas no alcanzadas del Gobierno e imposibles de alcanzar, caso creación de 500 mil empleos”, ejemplificó.

Cabe recordar que también durante el proceso de estudio y sanción de la ley del servicio civil, ya promulgada por Santiago Peña, hubo contradicciones entre la propuesta del Ejecutivo y del Congreso. Al final el Legislativo dejó a su arbitrio cómo serían los contratos de sus funcionarios.

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