29 mar. 2024

Sospechoso

Benjamín Fernández Bogado – www.benjaminfernandezbogado.wordpress.com

La cantidad de certificados que aún hasta hoy el Estado democrático reclama a sus mandantes es una clara muestra de que la dictadura no se fue, que la burocracia es más importante que el que la sostiene con sus impuestos y que todos estamos bajo la condición de sospechosos. A más de 30 años de la caída de la dictadura y con un presidente que compite con el ex tirano en torno a la cantidad de kilómetros de ruta construidos, lo que vemos en verdad es lo poco interesado que se encuentra en hacer la “revolución de las pequeñas cosas” y entre ellas acabar con los certificados de vida y residencia, antecedentes policiales y judiciales. En definitiva, dejar de considerar a cada persona sospechosa de cometer un crimen y partir de la mala fe de sus acciones.

Esta semana se anunció con bombos y platillos el trámite de antecedentes policiales en línea y le contestaron desde el Poder Judicial que eso ya lo hacen ellos desde hace un buen tiempo. Aquí lo que vale interrogarse es: ¿por qué y para qué se necesitan ambos certificados en un país que se declama democrático? Esto se resuelve como en cualquier país serio del mundo con un documento que el ciudadano acredita que todos los datos contenidos en el mismo son reales. El que los firma sabe muy bien los costos que tendría el mentirlos o falsearlos. A algunos les llama la atención las preguntas cuasitontas que se hacen en el procedimiento de obtener una visa de los EEUU donde le preguntan a uno si ha participado de alguna actividad terrorista, por ejemplo. Si usted afirma que no pero luego se comprueba que sí, usted estará en serios problemas. Este procedimiento refuerza el valor de la palabra, la sinceridad de la información y la asunción de los costos si miente. Aquí al revés.

En el País de Jauja, nuestro pasaporte tiene varias firmas además de la nuestra. Una es la del director; otra del que acredita que la huella digital es la suya a las que se suman otras dos que acreditan que la anterior es cierta: la del Ministerio del Interior y la de Relaciones Exteriores. Mera burocracia costosa, lenta y corrupta. Ronaldinho obtuvo un pasaporte paseándose por encima de cada uno de ellos, lo que demuestra que estos certificados y firmas no tienen ningún valor real.

Si por casualidad le toca que tiene un caso de homonimia en el documento de antecedentes judiciales le tocará a usted demostrar que no es la persona que aparece referenciada en el documento. Ahí le quedan tres cosas: 1. Pagar para borrar los antecedentes 2. Buscarse un amigo ministro de Corte para evitar pagar o, ¿pagar más? y 3. Iniciar un trámite que puede durar con facilidad unos 10 años. Esto ocurre hoy en la República del Paraguay donde la discusión es en torno a si Celeste Amarilla tiene razón en desconfiar de los prontuarios de sus colegas. Esa duda la llevó a ser suspendida por 60 días sin goce de sueldo para... ¡Que aprenda!

Más de 700 mil paraguayos carecen de documentos y cientos de funcionarios y gestores viven del negocio de los certificados. Esa estructura es herencia de la dictadura que nadie en democracia ha podido poner punto final. Acabemos con todo eso. Que cada uno asuma su responsabilidad y que si miente no transfiera su responsabilidad a otros firmantes. Si el Estado tiene datos falsos sobre uno que pague las consecuencias y que deje de embromar la vida ya de por sí miserable de millones. Partamos de la buena fe, de la verdad para llegar a comprender que el mandante (el ciudadano) merece respeto, confianza, austeridad y eficacia. Ahí habremos recibido el certificado de ser una nación democrática y no una mascarada de ella.

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