El objetivo de la acción es que las empresas no paguen más el porcentaje citado por ley (0,50% sobre el valor del producto) en la importación de cualquier soporte que pueda almacenar obras de creación (teléfonos móviles, grabadoras, memory cards, cedés, entre otros similares).
La Sala Constitucional, compuesta en 2019 por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y César Garay Zuccolillo, en un primer momento accedió a la medida cautelar y suspendió el pago de derecho de autor por copia privada en aparatos electrónicos.
Posteriormente, en diciembre de ese año, la representación legal de los artistas obtuvo la copia de una resolución de la Sala Constitucional, en la que, tras un nuevo análisis se rechazaba la acción presentada por la empresa privada. Sin embargo, dicho expediente, llamativamente, desapareció, siguiendo vigente, por ende, la medida de no pago, situación que afecta gravemente el ingreso de los artistas, en una coyuntura de mucha necesidad para el sector, considerando la cuarentena y el encierro obligatorio impulsados por las autoridades sanitarias para frenar el avance del Covid-.19.
DEPENDE DE LA CORTE. Considerando los antecedentes respecto al tratamiento dado por la Sala Constitucional y al extravío de los documentos, el abogado Agustín Saguier, de la AIE Paraguaya y representante legal de los artistas, urge el tratamiento del tema por parte de la Corte Suprema.
“El pleno de la Corte debe reunirse para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada contra el decreto que reglamenta la remuneración compensatoria por copia privada, y que afecta gravemente el ingreso de los artistas. Lo que solicitamos es que se estudie lo antes posible el caso, considerando la difícil situación económica por la que atraviesan los artistas, por la imposibilidad que tienen de trabajar en este momento”, afirma Saguier.
“En este momento lo más transparente, seguro y viable es que el pleno de la Corte trate el tema, y que el caso del extravío y el proceso sean investigados”, remarca.
Se estima que la empresa en cuestión, y que tiene apoyo de otras del sector, debe abonar alrededor de un millón de dólares, considerando que desde agosto del 2019 no está cumpliendo con el citado decreto, es decir, no está pagando a las entidades de gestión: APA, AIE Paraguay y SGP.
Para complicar más la situación, la empresa accionante recusó al ministro Zuccolillo, lo cual es interpretado como una medida puramente dilatoria por los representantes de los creadores.
Saguier asegura que si el tema es tratado con justicia, es imposible dar curso a la acción presentada. “A todas luces es improcedente la acción presentada, no puede prosperar. Estamos hablando de una ley vigente desde 1998; de un derecho amparado por derechos internacionales”, apunta.
“De hecho, ya presentamos la denuncia ante la Superintendencia de la Corte considerando las irregularidades observadas en el proceso”, explica el letrado, agregando que abriga la esperanza que en breve el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, convoque al pleno.
MOVILIZACIÓN. En varias oportunidades, músicos, intérpretes, productores fonográficos y miembros de entidades de gestión colectiva realizaron manifestaciones frente al Palacio de Justicia, solicitando el respeto al derecho de remuneración compensatoria, situación que, según afirman, puede perjudicar hasta en un 50% los ingresos de los gremios vinculados a los artistas.
Debido a una acción judicial, artistas no reciben la remuneración compensatoria por copia privada establecida por ley. El representante legal del sector insta a la Corte a resolver el delicado tema.
Opinión
“Siento mucha indignación”
“Sencillamente es indignación lo que siento, al ver con qué facilidad desaparece una resolución de la Sala Constitucional; al saber que el secretario dice que ese documento no existe, mientras que tenemos fotos de su firma y de los ministros, en un documento donde se desestima el reclamo de una empresa que no quiere pagarles a los autores, artistas y productores musicales del Paraguay. Eso me indigna”.
