De acuerdo con los datos del Observatorio de la Mujer, del Ministerio de la Mujer, desde enero se registran un total de 22 víctimas de feminicidio en el país. Tres de las mujeres fueron asesinadas en el exterior, hubo 16 tentativas de feminicidio y la cifra total, hasta la primera quincena de octubre, es de 34 huérfanos.
Estos pueden parecer datos fríos, o una parte de la estadística, pero en realidad cuentan la historia de 22 mujeres que no tuvieron a las instituciones de su lado. Son 22 familias destruidas y más de una treintena de niños con un futuro muy incierto.
Es una auténtica tragedia social, y lo es aún más si se considera un dato ominoso. En el Ministerio del Interior existe un proyecto con financiación asegurada que acumula el polvo desde hace tiempo. Se trata de la implementación de dispositivos electrónicos (grilletes o pulseras) para poder monitorear a personas privadas de libertad, pero que deberían haber sido implementadas inicialmente en su primera fase a casos de violencia contra la mujer.
“Este proyecto se ampara en su ley, también postergada largamente —reconoció Giuzzio—, para lo cual tomamos la iniciativa de elaborar la propuesta de decreto reglamentario y establecer una mesa de trabajo con las instituciones involucradas para su implementación”, había señalado el ministro Giuzzio.
Este proyecto con financiación asegurada que apuntaba al fortalecimiento de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia intrafamiliar, cuyo eje era precisamente la razón de un préstamo de USD 20 millones, aprobado para el Ministerio del Interior, y que no ha sido ejecutado hasta la fecha. Otro componente, referido a un centro de tratamiento para ofensores de violencia intrafamiliar, cuya articulación debía ser un trabajo conjunto con el Ministerio de la Mujer, tampoco tuvo avances.
María del Carmen Santacruz tenía 20 años. Según relataron sus familiares, la joven se había dirigido a la Subcomisaría 12 para buscar protección contra su ex pareja, pero le dijeron que necesitaban una orden judicial del Juzgado de Paz. Ella fue hasta el lugar, pero en el Juzgado no pudieron concretar su denuncia porque María del Carmen no contaba con cédula de identidad. El agresor la había amenazado con matarla, y ahora se sabe que la joven habría perdido un bebé en gestación como consecuencia de los golpes.
Esta no es otra desafortunada historia de una mujer que no tuvo opciones. Es el relato descarnado de una ciudadana paraguaya abandonada por el Estado.
Paraguay tiene leyes y cuenta con protocolos aprobados e implementados con mayor o menor eficacia por los funcionarios; sin embargo, no cesan los casos de feminicidio.
La sociedad paraguaya no puede seguir pasiva ante la muerte de mujeres. El Estado debe asumir su responsabilidad, y a través de todas sus instituciones, oficinas y funcionarios, y reconocer que el trabajo que realizan es insuficiente e insatisfactorio. Es hora de exigir resultados. Es inaceptable que habiendo recursos para implementar soluciones tengamos que seguir reportando noticias de feminicidio.
