La audiencia en el tribunal de Garantía de Rancagua se enfocaba en la arista del presunto formateo del computador que Dávalos utilizaba en su oficina del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, cuando se desempeñaba como director Sociocultural de la Presidencia.
“Las conclusiones de todas las pericias, los análisis realizados y las diligencias de declaración de testigos tomadas es que ese computador jamás fue formateado”, señaló el fiscal Sergio Moya.
El fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, ya había señalado hace unos días que no habían encontrado antecedentes que pudieran vincular los datos del computador con el caso.
La esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, es investigada por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada en relación con un millonario negocio inmobiliario de la empresa Caval.
El negocio, que le dejó millonarias ganancias, fue financiado con un préstamo de 6.500 millones de pesos (9,7 millones de dólares) que personalmente le concedió el vicepresidente del Banco de Chile, el empresario Andrónico Luksic.
Con dicha cantidad se compraron varios terrenos en la localidad de Machalí, que después vendieron en más de 9.000 millones de pesos (13,5 millones de dólares), con la promesa de que habría un cambio en el uso de suelo del sector.
El hecho se dio a conocer a comienzos del 2015 y provocó la renuncia de Sebastián Dávalos del cargo de director sociocultural de la Presidencia.
En el marco de la investigación, en marzo de 2015 la fiscalía se incautó del computador que Dávalos, que era gerente de proyectos de Caval, utilizaba en su oficina en la sede de Gobierno.
El objetivo de esta diligencia era comprobar si Dávalos había borrado información relevante para la investigación del caso Caval, tal y como había denunciado el que entonces era jefe de informática de La Moneda.
Dávalos también participó en la reunión que su esposa mantuvo con el empresario Andrónico Luksic.
La resolución judicial fue adoptada por el magistrado Luis Barría, después de que el abogado defensor del exdirector Sociocultural de La Moneda, Álvaro Morales, solicitara una audiencia para tratar ese fin.
Tras la audiencia el abogado de Dávalos, Álvaro Morales, dijo que el tribunal y el Ministerio Público “comparten” su criterio.