El proyecto, presentado por Martín Arévalo (ANR-cartista), prevé básicamente que las personas en situación de retiro ganen el mismo salario que los empleados estatales en actividad. Por ejemplo, un director que se jubiló en 2002 con un salario de G. 3 millones, pasaría a percibir G. 13 millones, lo que equivale al mismo cargo en la actualidad.
La propuesta original hablaba de que esto se financiaría con los intereses de las inversiones que realiza la Caja Fiscal anualmente, así como con recursos que provienen del cobro de tasas o ingresos internos. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda del Senado se produjo un dictamen con modificaciones, lo que para el Gobierno Nacional se convertirá en “una catástrofe financiera”.
Dicho comité asesor aprobó algunos cambios solicitados por el proyectista. Estos consisten la incorporación de dos artículos que, por un lado, obligan al Estado a contribuir el 9,5% de los salarios como aporte patronal para cubrir la equiparación; y, por el otro, limita al 50% el uso de los excedentes para cubrir los déficits que se originan dentro del sector civil.
El Ministerio de Hacienda se mostró sorprendido por este dictamen. Los cálculos hechos por el Fisco señalan que el agujero financiero que deberá cubrir el Estado con impuestos, por año, trepará de los USD 277 millones con el proyecto original a los USD 482 millones con las nuevas modificaciones.
La cartera alertó que para cubrir ese agujero una alternativa es subir el impuesto al valor agregado (IVA) o el impuesto a la renta empresarial (IRE).
Postergación. Dentro de la mesa técnica creada por el Senado hace unas semanas, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, se reunió este martes con autoridades del MEC, legisladores y representantes de los gremios de docentes y jubilados.
En esta reunión, los sindicatos acordaron con el Gobierno pedir a la Cámara Alta la postergación del proyecto de ley de equiparación.
El argumento es que, de este modo, los gremios trabajarán en una redacción que pueda ser implementable y que no represente la quiebra de la Caja Fiscal. Del mismo modo, el acuerdo de entendimiento prevé ajustes para “tener una ley que garantice una actualización de los haberes jubilatorios justa y equitativa para todos los docentes y funcionarios de la administración pública”.
Las Cifras
482.000.000
de dólares sería el déficit que deberá cubrir el Tesoro por año, con impuestos, si se aprueba la equiparación.
68.225
son los jubilados de la previsional pública. De ese total, 32.307 son docentes, lo que representa casi la mitad.