Asunción atraviesa una de las encrucijadas financieras y administrativas más delicadas de su historia reciente. La capital del país convive hoy con calles fracturadas, temporada de lluvias que generan grandes raudales que reavivan el riesgo y un escenario económico condicionado por decisiones que, según el informe final de intervención de la Municipalidad, comprometen su horizonte hasta el 2035. Y una deuda de G. 2,6 billones.
Y hoy a meses de la intervención municipal los reportes de avances de las obras coinciden en los de la comprobación in situ del equipo interventor, no se puede hablar de avance de obras y la percepción de la gente es que los trabajos se hacen a paso de hombre.
Bajo la gestión del intendente Óscar Nenecho Rodríguez, se presentó como emblema de transformación urbana con la emisión de los llamados bonos G8 por G. 360.000 millones. El plan de inversión original contemplaba la ejecución de ocho desagües pluviales estratégicos para mitigar inundaciones históricas. Sin embargo, la intervención encabezada por Carlos Pereira describió la operatoria como un esquema de “discrecionalidad financiera ilegal” acompañado de un marcado estancamiento físico de las obras.
De acuerdo con el informe, la Municipalidad debía contar con G. 296.280.645.180 disponibles para cumplir con el plan de inversión y honrar compromisos con contratistas. No obstante, al inicio de la intervención, el saldo real en la cuenta bancaria específica de los bonos era de apenas G. 23.286.519.
El destino de los fondos también fue documentado. El 92,92% de los recursos de los bonos G8 se aplicó a gastos corrientes. En lugar de tuberías, excavaciones y hormigón, el dinero financió salarios, aguinaldos y dietas por G. 243.666 millones, además del pago de cuotas de préstamos bancarios por déficit temporal de caja por G. 94.968 millones. La consecuencia fue directa con compromisos financieros vigentes, pero sin la infraestructura prometida en ejecución.
En ese contexto, y como medida para evitar la cesación de pagos a corto plazo, la Municipalidad emitió los bonos G9 el 21 de junio de 2023 por G. 195.000.000.000. La intervención calificó la operación como una reestructuración ineficiente. El costo total proyectado de esta emisión asciende a G. 440.567.671.233, considerando una tasa pactada del 16,80%. Los intereses, que suman G. 245.567.671.233, superan el capital captado. El calendario de pagos se extiende hasta el 18 de junio de 2035.
Mientras los compromisos financieros se prolongan en el tiempo, el avance físico de las obras permanece limitado.
Cero por ciento. En la cuenca de General Santos (Lote 2), el director de Obras, ingeniero Antoliano Benítez, reconoció en febrero de 2026 que el proyecto aguarda una “solución financiera” para garantizar su continuidad. El nivel de ejecución se mantiene en torno al 3,35%, porcentaje ya señalado por la intervención. El informe técnico precisó que ese avance corresponde únicamente a trabajos de pavimentación de calles alternativas para desvíos de tránsito. No se ha instalado un metro de tubería del sistema pluvial; es decir, ejecución para desagüe 0%.
La empresa adjudicataria dispone de un plazo contractual de 9 meses de los cuales ya transcurrieron aproximadamente 4 meses. Según Benítez, la ejecución podría desarrollarse dentro de ese plazo, aunque actualmente no se realizan excavaciones por falta de recursos.
El proyecto original, además, requiere ajustes debido a que el punto de descarga previsto generaría inundaciones en la zona de la avenida Artigas.
Avance inexistente. En la cuenca del Mercado de Abasto (Lotes 1 y 2), los registros auditados también reflejan diferencias significativas entre las proyecciones y la certificación efectiva. Aunque la Dirección de Obras menciona un avance conjunto del 50%, el Lote 1 (Itay) registra un avance certificado de 27,16%, y el Lote 2 (Lambaré) alcanza el 14,82%. Es decir, está en el mismo estadio. Por este tramo en diciembre de 2025, se dio curso al Convenio Modificatorio Nº 1 (Resolución JM/Nº 6.773/25) autorizó ajustes como la reducción de dimensiones de alcantarillas y la construcción de “pozos ciegos provisorios” ante limitaciones no previstas. Entre detalles que no se previeron se pensó en un desagüe pluvial sin tener una red cloacal, por lo que se contempla pozos artesianos provisorios.
Este tramo fue adjudicado por G. 136.171.816.245. Y sufrió un reajuste que baja el precio de uno de los tramos del 0,64%; es decir, unos G 415.028.498. La obra se inició en agosto de 2024 con un plazo de 540 días.
El Consorcio Pluvial Abasto promovió un avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), reclamando el pago de certificados adeudados por G. 15.000 millones.
La administración interina de Luis Bello, según el asesor jurídico Jorge Sabaté, habría cancelado esas deudas, y actualmente no existe un nuevo proceso por impagos. La obra continúa en construcción bajo un convenio modificatorio que incorpora “imprevistos” técnicos señalados por la intervención como evidencia de falta de previsión.
El caso de Santo Domingo, en la zona de Nuestra Señora del Carmen, presenta un escenario similar. Benítez informó un avance del 20%. El proyecto, iniciado en marzo de 2025 con un plazo de 12 meses. Se prevé un ritmo lento de ejecución, con al menos seis meses adicionales de excavaciones, según dijo Antoliano Benítez, director de Obras de la Municipalidad.
Vecinos cansados de esperar presentarán amparo contra Comuna
Vecinos del barrio Santo Domingo resolvieron recurrir a la Justicia para exigir la terminación de las obras de desagüe que perjudicaron el entorno, convirtiéndolo en una zona de peligro e insalubridad. El abogado Diego Lansac, representante legal de la comisión vecinal, confirmó que se encuentran ultimando los detalles para la presentación de una medida judicial contra la Municipalidad de Asunción.
Lansac explicó que se llegó a esta decisión atendiendo a que las obras, que debían financiarse con el bono G8 (G. 360.000 millones), siguen inconclusas a casi un año de que iniciaran. La zona afectada comprende las calles Nuestra Señora del Carmen y Juan XXIII, cerca de 300 metros que siguen sin culminarse tras la palada inicial, registrada en marzo del año pasado.
El objetivo central de los vecinos, como indicó el abogado, es “presentar un amparo solicitando una medida cautelar donde la Justicia le ordene a la Municipalidad la finalización de los trabajos”, debido a que el proyecto “ya superó con creces el plan original de obras y no hay respuesta para los vecinos, que están en una situación muy delicada”.
La problemática afecta de manera directa a la calidad de vida y el acceso básico a las viviendas de los frentistas, quienes se ven impedidos de utilizar sus propios medios de transporte. Esta situación se agrava con cada lluvia, ya que la falta de terminación de los trabajos provoca una erosión constante del terreno que pone en riesgo las propiedades privadas.
Al respecto, Lanzac señaló que con “cada lluvia se desmorona más (la zona) y ya está afectando las veredas y algunas casas”.
El equipo jurídico, de acuerdo con el abogado Lanzac, ya cuenta con el respaldo documental necesario, incluyendo fotografías, videos y el cronograma original de la obra, el cual data desde el 27 de marzo de 2025, para sustentar el reclamo ante los tribunales esta misma semana.
