Al negar la provisión de insumos para las ollas populares y reemplazar la asistencia por entrega de kits alimentarios, el Gobierno no solo rompe con la restitución de los vínculos comunitarios que se observó en plena crisis sanitaria en los bañados, sino que también facilita el condicionamiento de entrega de víveres a puertas de las elecciones municipales.
Tal como había sancionado el Congreso Nacional, el Ejecutivo dio su visto bueno a la Ley de Consolidación Económica y Contención Social excluyendo el presupuesto de USD 5 millones que había incorporado el Senado durante el estudio del proyecto para la provisión de verduras y carnes a más de 400 ollas populares de Asunción y alrededores que se articularon para dar respuesta al hambre en las poblaciones más vulnerables que sintieron el mayor impacto económico de la pandemia.
Ante tan evidente abandono, el Ejecutivo incluyó en el decreto reglamentario USD 3 millones para que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) entregue kits alimentarios a familias que serán seleccionadas y otro USD 1 millón al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que junto con el Ministerio de Desarrollo Social aún cuentan con fondos de la Ley de Ollas Populares, a diferencia de la SEN que agotó en julio los USD 2 millones que disponía para comprar insumos y entregar a las ollas comunitarias.
No se trata de un simple cambio de sistema en la asistencia en los bañados, el Decreto N° 5996 ni siquiera dirige los recursos a las familias que anteriormente eran beneficiadas por la Ley de Ollas Populares, pues deja abierta la posibilidad de direccionar los fondos a cualquier beneficiario y beneficiaria dispersos en todo el país y que no necesariamente están organizados, lo que dificultará el control del uso del dinero por parte de la institución.
Por un lado, esta asistencia que llegará a determinadas familias y no alcanzará para otras, puede generar conflictos en las comunidades que habían logrado una mayor cohesión con la articulación de las ollas comunitarias. Es decir, estas organizaciones que suelen activarse con cada inundación y que por primera vez duraron tanto tiempo en la provisión de comidas en el vecindario, pueden perder los lazos que fueron fortaleciendo a lo largo de más de un año, que además sirvieron para analizar otras necesidades comunes y para acordar acciones colectivas en la persecución del cumplimiento de sus derechos integrales.
Otra consecuencia de la medida del Gobierno es el retorno a las viejas prácticas en cada campaña electoral. Así es que faltando menos de un mes para las elecciones municipales, se decide entregar kits alimentarios sin un claro criterio de selección de beneficiarios y beneficiarias, además de dejar a las familias aún más vulnerables ante los operadores políticos.
El artículo “Bañado Sur, un territorio excluido del Paraguay”, de José Galeano Monti, explica justamente cómo el Partido Colorado y Partido Liberal, así como funcionarios de la Municipalidad de Asunción y de la SEN condicionan las ayudas a los bañadenses. Un caso conocido es el de la seccional colorada 45, a cargo de Alcides Florentín, quien de acuerdo con la denuncia de pobladores del Bañado Sur, instaba a la comunidad a no depender de otra institución que no fuera la seccional. Se trata del mismo Florentín que fue denunciado por planillero en la Cámara de Diputados, donde figuraba en la nómina de funcionarios al mismo tiempo que aparecía como personal de la Municipalidad de Asunción. Este año nuevamente fue involucrado con audios en los que supuestamente ofrecía cargos a cambio de votos a favor de Daniel Centurión en las internas pasadas de la ANR. Solo es un ejemplo de los riesgos latentes en las poblaciones vulnerables ante la falta de políticas públicas, sobre todo en los bañados, donde ni siquiera existe un censo serio para determinar la realidad en que viven y atender sus necesidades.
