El senador Fernando Silva Facetti, uno de los firmantes de la ley que eleva a diez años de prisión la invasión de propiedades privadas, explicó que al ampliar el marco penal al tipo de invasión de inmuebles urbanos y rurales claramente se busca desmotivar la comisión de estos hechos punibles.
“En los últimos tiempos, las invasiones violentas venían siendo cada vez más constantes”, manifestó.
Dijo que se aplicó la misma lógica cuando se modificó la ley de violencia contra la mujer o el paquete de leyes para prevención del lavado dinero.
El legislador liberal mencionó en cuanto a las tierras malhabidas que ya existe una legislación. Citó que la Procuraduría General de la República e incluso el Indert están debidamente facultados para demandar por nulidad de actos jurídicos a quienes detenten tierras públicas y no sean sujetos de la reforma agraria.
Aseveró que la ampliación del marco penal no tiene nada que ver con el saneamiento de tierras malhabidas.
“La única forma de sanear dichos actos sería legislando sobre la prescripción de las acciones de carácter real, cosa que jamás se hizo”, destacó.
Mencionó que solo resulta “una especulación y un discurso vacío de sustento jurídico la idea de que elevar las penas sanearía la tenencia de tierras malhabidas”.
Señaló que la solución del acceso a la tierra en favor del sector campesino en virtud de las leyes hace al Indert responsable directo de proponer la solución de dicho problema. Sin embargo, el Indert se encuentra desprovisto de recursos necesarios para pagar sus deudas históricas y lejos está de poder hacerlo a corto plazo. La resolución de esta problemática debería venir como iniciativa del Poder Ejecutivo.
Se busca desmotivar la comisión de estos hechos punibles. Las invasiones violentas venían siendo cada vez más constantes.
Indert debe proponer la solución al problema de la tierra, pero está desprovisto de los recursos necesarios. Fernando Silva Facetti, senador.