El subsecretario de Estado informó que este sistema entrará en funcionamiento recién en 2021 y rechazó la versión de que servirá para “espiar” a los aportantes. En ese sentido, aseguró que la información que se obtendrá de las redes sociales será solo complementaria, pero no serán reportes primarios ni determinantes a la hora de investigar casos de evasión.
Explicó que el big data absorberá toda la información en la web, así como la provista por entidades financieras y públicas, la que mediante inteligencia artificial permitirá detectar en minutos posibles casos de evasión. Resaltó que los procesos de este tipo hoy le llevan a la SET entre 6 a 8 meses de investigación.
La compra de esta herramienta le costó a la Administración Tributaria unos G. 23.050 millones y fue adjudicada la compañía Excelsis Sacig.
“Este año desarrollaremos los algoritmos y recién en 2021 vamos a implementar el big data. Pero no es que vamos a controlar solamente las redes sociales como se está diciendo, el big data es una herramienta que te sirve para cargar la mayor cantidad de datos posibles y con base en algoritmos se puedan determinar inconsistencias, de diferentes bases de datos que ya tenemos hoy, como de entidades financieras, Registros Públicos, Policía o BCP”, expresó Orué.
CRÍTICAS. El anuncio de la implementación del big data generó una lluvia de cuestionamientos y bromas por la intención de la SET de utilizar lo publicado en las redes sociales como prueba en casos de posible evasión.
Fotos al borde del arroyo, memes sobre viajes a islas paradisíacas y hasta facturas de compras de poco valor inundaron las redes sociales en estos últimos días.
A esto se suma la desconfianza ciudadana en el Gobierno, debido a los conocidos despilfarros del dinero público que proviene del cobro de impuestos. El último caso conocido fue el del pago de “aguinaldo extra” a los funcionarios de Hacienda y Petropar. Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubica a Paraguay entre los países de América Latina y el Caribe con peor gasto público, con un malgasto que llega al 3,9% del PIB, es decir, USD 1.560 millones.
