Las familias campesinas que fueran desalojadas una semana atrás en el Asentamiento María la Esperanza de Tava’i, Caazapá, serían las primeras procesadas bajo la criminalizadora ley Zavala-Riera, que aumentó las penas a las ocupaciones de tierra, según informó la organización Base IS.
“Las familias campesinas habían retornado a sus tierras tras constatar que no existía orden de desalojo en su contra y con una medida cautelar. Sin embargo, un fiscal de Luque ordenó la detención de los campesinos e incluso del abogado de los mismos. Carlos Caballero, el abogado ahora detenido, fue apresado en la tarde del martes, cuando asistía a la sede de la Cámara de Diputados para presentar el caso ante legisladores”, indicó la organización.
Informó que el fiscal Augusto Ledesma imputó y ordenó la detención de 26 pobladores del asentamiento, quienes serán procesados bajo la figura de invasión de inmueble, a pesar de que habitan en el lugar desde hace décadas y la colonia es reconocida por el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra como una comunidad de hecho.