Durante una conferencia de prensa brindada en el Senado, la legisladora por el Frente Guasú, Esperanza Martínez, explicó que la Ley 5764, que regula al Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) contempla dos índices para definir el reajuste anual del salario mínimo: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) general y el IPC de alimentos. Sin embargo, tradicionalmente se utiliza el índice general, que no refleja con precisión los aumentos que afectan directamente a las familias trabajadoras, especialmente, a las de menores ingresos.
Martínez ilustró la disparidad entre ambos indicadores con datos concretos. Alegó que, entre 2018 y 2023, el IPC general aumentó un 28%, mientras que el de alimentos subió un 47%. Solo en 2023, los precios de los alimentos se incrementaron un 7,5%, frente al 3,9% del índice general.
“El salario mínimo debe reajustarse con base en el índice que mayor impacto haya tenido, y en la mayoría de los casos, ese es el de alimentos”, sostuvo la parlamentaria.
El proyecto establece que ambos indicadores continúen siendo considerados, pero que prevalezca aquel que registre mayor variación. “Es una mejora técnica a lo que ya existe. Queremos que se tome el índice más alto para beneficiar a los trabajadores y sus familias”, señaló.
Asimismo, la propuesta incorpora un componente de transparencia, que exigirá que el Conasam publique en la web del Ministerio de Trabajo las actas, cálculos y criterios utilizados para definir el reajuste anual.
“Hay desconfianza en los números. Lo que pedimos es que se publiquen los datos para que todos podamos verificar cómo se llega al monto final”, expresó Martínez.
