Petta manifestó en Monumental AM que en la sesión del miércoles “no primó ningún criterio jurídico porque se terminó aprobando so pretexto del desarrollo”.
“Eso no te acredita a atropellar las normas vigentes, el Estado de derecho”, agregó.
El parlamentario por el Encuentro Nacional sostuvo que el mensaje que se da desde el Congreso es que “por ley nomás se puede adjudicar (una obra) y quebrar la normativa vigente”.
Señaló que hay informes de Contraloría que notaron incumplimientos de parte de Tape Porã en la ruta 7, como falta de señalización, recapado, funcionamiento de los teléfonos de auxilio, entre otros.
Lo llamativo, dijo Petta, es que uno de los puntos del proyecto sostiene que si es que el Gobierno decidía cancelar el contrato antes de tiempo -faltan siete años para que termine el contrato- se debía indemnizar a la firma. Sin embargo, Tape Porã se mostró dispuesta a “perdonar” esto si le otorgaban la concesión por 30 años.
El texto fue aprobado en el Congreso y debe pasar por el Ejecutivo, que decidirá aprobar la ley o vetarla.
