La fiscala que tiene el caso es Marlene González, de la Unidad de Delitos Económicos, quien ya convocó para que declaren la próxima semana a los auditores del Poder Ejecutivo, quienes sacaron un informe por la gestión del Ministerio de Obras del periodo 2010-2011.
El senador anunció –luego de la reunión– que aparte de la auditoría de la Presidencia de la República (USD 37 millones), quiere acercar también informes de la Contraloría donde supuestamente se consigna otro desvío de casi USD 79 millones en el 2009, totalizando así un perjuicio de USD 116 millones, según menciona Arévalo.